El precepto impugnado no contiene parámetros objetivos que impidan la arbitrariedad del juzgador lo que contraviene abiertamente el texto constitucional, sostiene el requirente.
La requirente estima que infringe sus derechos constitucionales a ejercer la acción penal y acceder a un procedimiento e investigación racional y justo.
En la oportunidad, efectuó importantes observaciones a la opinión de la subcomisión encargada de analizar el asunto de la “Adopción de una Nueva Constitución en Chile”, en particular, relativo a la existencia o no de un Tribunal Constitucional, así como sobre la eliminación del Senado.
El abogado defensor del ex comandante en jefe del Ejército, indicó que existía un riesgo de que se vulneren las garantías del ex oficial castrense. Agregó que es posible insistir en una suspensión del procedimiento.
La requirente estima que la negación de la posibilidad de apelar en el caso concreto afecta sus garantías de igualad ante la ley y debido proceso.
Normas impugnadas cumplen con los estándares mínimos de un régimen sancionador racional y justo, y contemplan un criterio de graduación fundado en la gravedad del caso concreto.
El requirente estima que el precepto impugnado permite aplicar sanciones desproporcionadas, desiguales y arbitrarias.
Los preceptos impugnados amplían excesivamente el acceso a la información, al considerar como pública información que no lo es.
El requirente estima que no existe justificación razonable para impedirle terminar con el proceso, lo que vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
Vulnera el derecho a desarrollar actividades económicas y la libre contratación.
