La Constitución sólo permite una única manera de privar a las personas de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio: la ley general o especial que autorice tal expropiación, por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por la misma ley, y previo pago de las indemnizaciones que correspondan, requisitos que no satisface el artículo objetado.

Se infringiría el debido proceso, toda vez que la Corte de Santiago, al resolver el reclamo de ilegalidad, en el hecho lo hace como tribunal de única instancia. Contra su decisión no sería posible presentar ningún recurso judicial.

Juez de garantía tiene competencia para autorizar inspecciones del Servicio Agrícola y Ganadero en lugares que constituyan morada.

La Orden de No Innovar ha significado una privación de atributos esenciales del dominio de la requirente sobre sus concesiones de explotación minera.

Se infringiría el derecho de propiedad que la requirente tiene respecto del contrato colectivo válidamente suscrito con sus trabajadores y el legítimo derecho a que sea ese el piso mínimo de sus negociaciones colectivas y no otras condiciones en las que ninguna participación tuvo y se ve forzado a ofrecer.

Se infringiría la igualdad ante la ley, toda vez que se produce una discriminación arbitraria y carente de razonabilidad entre la empresa requirente y las demás personas jurídicas chilenas, a pesar de que una y otras se encuentran en idéntica situación jurídica.

De declarar a la requirente como único empleador, todos los trabajadores de las otras empresas podrían negociar colectivamente, eventualmente, sólo con la requirente, y en tal el escenario estará obligada a ofrecer como piso de negociación los beneficios contenidos en contratos colectivos que no negoció.

Se infringiría los artículos 6 y 7 de la Constitución, toda vez que, al no existir un control a las eventuales infracciones incurridas por los jueces del segundo fallo condenatorio, se ha vulnerado el principio de supremacía constitucional.

Se infringiría el principio de proporcionalidad, toda vez que la multa de 100 UTM que se impuso a Canal 13 no contemplaría criterios objetivos, reproducibles y verificables para determinar en forma proporcional el monto de la multa a ser aplicada.

La presunción administrativa que da por acreditada la comisión de una contravención infringe el derecho a un procedimiento justo y racional, y limita el derecho a la defensa.