El diputado Leónidas Romero se querelló en contra del requirente por el supuesto delito de calumnias e injurias graves con publicidad.
Los preceptos legales impugnados no tendrán aplicación decisiva para resolver la gestión invocada conforme su avance procesal.
La información entregada por la requirente lo fue en la confianza legítima de que el órgano no la divulgará de una manera más extensa que la expresamente autorizada por el ordenamiento.
Sería no sólo inconveniente, sino, altamente cuestionable, que un órgano de la Administración del Estado sobre el que pesa de manera absoluta el deber constitucional de protección, preservación y conservación del derecho fundamental al medioambiente, la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, se eximiera de una obligación legal que deben cumplir todos los proyectos de esa naturaleza.
Al no permitir que se objete la liquidación del crédito por un motivo diverso al de errores matemáticos, y luego limitar que se recurra ante un tribunal superior en caso de ser agraviante la resolución que resuelva la objeción del crédito, el procedimiento en el cual se juzga al requirente no sería racional ni justo.
El Pleno emitirá pronunciamiento en control preventivo y obligatorio sobre la constitucionalidad de las normas que regulen una materia propia de ley orgánica constitucional.
No resultaría racional ni justa la decisión administrativa que omite oír al afectado antes de decretar el auxilio de la fuerza pública.
No se dio íntegro cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala.
La Inmobiliaria se ve limitada para reclamar dicha tasación, conforme a las restricciones que establecen los incisos segundo y final del artículo 149 del Código Tributario.
Se vulneraría el debido proceso, pues la diferenciación efectuada por la norma impugnada implica una vulneración al derecho a defensa.
