La norma objetada permitiría e incentivaría la discrecionalidad del CNTV y el ejercicio abusivo y/o discriminatorio del ius puniendi estatal.
Se le estarían imponiendo requisitos de forma y oportunidad a la manifestación de la defensa que no están establecidos en la norma, sancionando a las requirentes con una notificación por el estado diario, a pesar de no haber comparecido.
La impugnación no tendrá influencia decisiva en la resolución del asunto y adolece de falta de fundamento plausible.
Argumenta que la aplicación de los artículos objetados es objetivamente incompatible con la presunción de inocencia y con la exigida certeza más allá de una duda razonable para condenar a un imputado.
La ley establece claramente cuál es la conducta prohibida y un rango de multas para infracciones.
Al resolver no dar lugar a la apelación deducida, se le impide a la requirente a acceder a la segunda instancia.
Los requirentes solicitaron el servicio de alcantarillado para cinco inmuebles que les pertenecen. La solicitud se hizo a la empresa Esval S.A. que es la concesionaria de servicios sanitarios, la que, para prestarlo, puso condiciones que los requirentes estimaron abusivas e ilegales.
La disposición que es impugnada en la acción constitucional deducida no ostenta rango de precepto legal.
La norma prohíbe decretar el abandono del procedimiento lo que significa, en la práctica, que el juicio de Cobranza Laboral y Previsional podría durar indefinidamente.
El recurso de apelación concedido en el sólo efecto devolutivo conlleva al inminente peligro de provocar el doble pago de una deuda ya extinguida hace más de dos años.
