No contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción constitucional alegada.
La suspensión del derecho a sufragio debió haber provenido de una autorización judicial previa y no como consecuencia de una actuación administrativa realizada de oficio por el Tribunal.
La requirente se querelló por el delito de uso malicioso de instrumento privado y público para cometer fraude inmobiliario.
Restringir el recurso de apelación provocaría una diferencia no razonable, infundada y arbitraria.
En la gestión pendiente, el requirente inició un proceso de tutela por vulneración de derechos fundamentales, despido indebido y cobro de prestaciones en contra de Correos de Chile.
Adolece de falta de debido fundamento plausible.
El precepto legal no considera la gravedad de la infracción para modular la cuantía de la multa que dispone. No especifica límites dentro de los cuales la multa pueda aplicarse en relación a precisas conductas, de carácter más o menos graves.
No se dio íntegro cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala.
Con la actuación del Ministerio Público, el derecho de la empresa –como víctima en los delitos denunciados- queda reducido a la voluntad del ente persecutor al comunicar la decisión de no perseverar sin haber formalizado la investigación, voluntad que se ejercer sin control judicial.
Hay pendiente en la especie una cuestión de competencia por declinatoria, que debe ser resuelta por el tribunal ante el cual se encuentra radicado el conocimiento del asunto.
