Declara inaplicable el artículo 418 del Código Procesal Penal. El fallo se conocerá en los próximos días.
La gestión pendiente invocada incide en autos sobre solicitud de desafuero seguido en contra de la Convencional Constituyente Paola Grandón González, de que conoce la Corte de Apelaciones de Talca.
El requirente estima que los preceptos legales impugnados manifiestan una especial infracción a la garantía de un justo y racional procedimiento.
En la declaración de patrimonio e intereses deberán incluirse las deudas por concepto de pensión de alimentos, provisorios o definitivos. Iniciativa quedó lista para ser promulgada y publicada.
Canal 13 estima que el precepto legal impugnado faculta al CNTV a aplicar multas de manera discrecional y arbitraria, sin sujeción estándares objetivos, uniformes y razonables.
La normativa impugnada desvirtúa el deber del Estado de promover el bien común, afecta los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, el derecho a realizar actividades económicas, el debido proceso, la propiedad, y el contenido esencial de esas garantías.
Vulnera la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de administración financiera del Estado.
Vulnera la garantía de un justo y racional juzgamiento.
Afecta el principio de proporcionalidad, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el contenido esencial de esa garantía.
La misma resulta contraria al debido proceso por no garantizar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, lo que no se aviene con un proceso racional y justo.
