El requirente inició un proceso de tutela por vulneración de derechos fundamentales, despido indebido y cobro de prestaciones.
En la gestión pendiente se celebró una audiencia en rebeldía de la requirente, quien alegó falta de notificación, el incidente fue rechazado y no se concedió el recurso de apelación.
Las normas objetadas permiten decretar el desalojo sin oír previamente a la entidad afectada.
La norma legal impugnada produce un efecto que pugna con la racionalidad y justicia procedimental garantizada en el artículo 19, Nº 3º, inciso sexto, de la Constitución.
El Teniente Coronel retirado temporalmente de la institución por haber organizado una reunión con un aforo mayor al permitido, alega que la presunción de culpabilidad no le ha permitido desvirtuar los cargos que se le imputaron, ni de contar con asesoría letrada.
Con ello los procedimientos se dilatan indefinidamente sin que la parte diligente cuente con herramienta alguna procesal para impedirlo.
En el caso particular, fueron secretos los fundamentos de la decisión de la FACH respecto del término anticipado de contrato de la fonoaudióloga requirente.
Se habrían modificado las bases de remate en un juicio ejecutivo. El requirente estima que las resoluciones no pueden ser alteradas de manera alguna por decisiones posteriores amparadas en facultades de oficio del Tribunal.
La facultad exclusiva de investigar objetivamente del Ministerio Público no debiese pasar a llevar los derechos constitucionales de la víctima.
Se infringiría la libertad sindical, por cuanto permitirían validar jurídicamente la intromisión de la empresa en las decisiones adoptadas por los sindicatos.
