Pero rechazó inaplicabilidad de la CMF respecto de los artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley N° 20.285.

Los requirentes estiman que la norma refutada infringe principios fundamentales del Derecho Penal amparados por la Constitución.

La requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir una sentencia viciosa, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.

El requirente alegó que retener dichos dineros a través de un embargo vulnera las garantías fundamentales de los alumnos de dicho establecimiento.

Los requirentes alegaron que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.

El requirente alega que la medida atenta contra su derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.

El requirente estima que la aplicación del precepto legal afecta su garantía constitucional del debido proceso.

TC no emite pronunciamiento en control preventivo y obligatorio sobre la constitucionalidad del citado proyecto de ley sometido a control preventivo de constitucionalidad. No contiene regulaciones que el constituyente haya reservado a ley orgánica constitucional.

El requirente alegó que se le impide controvertir el fondo de la cuestión alegada, lo que infringe su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso, pues sólo se concede apelación en contra de las sentencias definitivas o de aquellas resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio.

El requirente alega que la aplicación del artículo impugnado lo posiciona en una situación de indefensión.