La falta de una notificación que permita al demandado tener conocimiento de la demanda y ejercer su derecho a defensa, invalida el proceso v afecta gravemente el derecho a la defensa y a un debido proceso.

La sala designada por la Presidenta del Tribunal Constitucional tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad.

Concurre la causal de inadmisibilidad de falta de fundamento plausible.

El Ministerio Público impide por su sola voluntad que la víctima y querellante continúen con la acción penal ante la judicatura, afectando el derecho fundamental a la tutela judicial, consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución.

Dada la complejidad contable y financiera de las objeciones, resulta imprescindible que la requirente cuente con un término probatorio para la adecuada defensa de sus derechos.

La gestión pendiente incide en un proceso laboral, en el que una académica demandó por vulneración de garantías fundamentales a la Universidad requirente, en virtud de que habría avalado un trato arbitrario hacia ella, fundado en sus opiniones políticas y personales.

Este bono no les fue pagado en razón de que los trabajadores denunciantes contaban con más de 180 días de licencia médica a la fecha del pago del referido bono.

La Municipalidad de Calera de Tango impugna el dictamen de Contraloría que acogió el reclamo de ilegalidad presentado en contra del Decreto Alcaldicio, que sanciona con la medida disciplinaria de destitución a una exfuncionaria municipal, por haber infringido el principio de probidad administrativa.

La Universidad alega que el precepto impugnado infringiría el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, toda vez que se ha visto en la necesidad de teletrabajar. Es decir, no ha decidido incorporar en forma permanente el teletrabajo en su modelo organizacional, que es el supuesto esencial a toda la regulación del teletrabajo.

Las normas objetadas obligan a que se presten servicios mínimos y se establezcan equipos de emergencia, sin hacer distinción del tipo de empresa o de las consecuencias que podría traer aparejada una eventual huelga, tal como lo exige la OIT.