Es la propia disposición impugnada la que expresamente contempla una desigualdad ante la ley.
Se le confirió traslado a las partes por el plazo de veinte días para que formulen sus observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes.
La sola acusación no cumple con el estándar constitucional para justificar la suspensión del derecho a sufragio. Para ello, al menos, es menester que se lleven a cabo actuaciones procesales posteriores a su presentación donde intervenga el Juez de Garantía.
No se garantiza justicia en un plazo razonable e instituyen un proceso jurisdiccional sin término, lo cual deja a la requirente en la indefensión y de manos atadas a un juicio de nunca acabar.
Adolece de falta de debido fundamento plausible.
Adolece de falta de debido fundamento plausible.
Con ello los procedimientos se dilatan indefinidamente sin que la parte diligente cuente con herramienta alguna procesal para impedirlo.
Se impide a las víctimas el acceso a un procedimiento racional y justo seguido ante un órgano jurisdiccional.
Representa una restricción al legítimo derecho a la contradicción que rige en toda clase de procesos litigiosos y al derecho a la tutela judicial.
Infringirá la garantía de la tipicidad de que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”.
