No indica “la manera en que el auto acordado afecta el ejercicio de los derechos constitucionales del requirente”.
Es la propia disposición impugnada la que expresamente contempla una desigualdad ante la ley.
Infringiría la igualdad ante la ley, el derecho de asociación, la libertad sindical, el derecho al trabajo, la libertad para desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad.
Se le impone una sanción desproporcionada.
Con anterioridad, la Magistratura Constitucional acogió requerimientos deducidos por parlamentarios oficialistas y declaró inconstitucionales algunas normas contenidas en el proyecto que fueron eliminadas de su texto.
El precepto legal impugnado no resultará decisivo en la resolución del asunto.
No existe gestión judicial pendiente.
Se hizo efectivo el apercibimiento, pues el requirente no dio cumplimiento oportuno a lo ordenado por la Sala.
Se ha promovido respecto de un precepto que no tiene rango legal y porque no cumple con el requisito de presentar y argumentar un conflicto constitucional concreto, adoleciendo de falta de fundamento plausible.
Quien no cuente con Clave Única podría participar presencialmente o mediante un mecanismo que pueda garantizar la identidad del postor, sin embargo, el Auto Acordado, norma de rango menor que Ley, impide el ejercicio de este derecho al postor que no cuenta con dicha clave.
