Infringe el derecho de propiedad, la igual repartición de las cargas públicas y la Convención Americana de Derechos Humanos.
No contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción constitucional alegada.
La requirente alega que se conculca su derecho a defensa, que conlleva a una expropiación o limitación no tolerada por el ordenamiento constitucional vigente.
En la gestión pendiente la requirente discute la cancelación de su inscripción como prestador acreditado de servicios de certificación de Firma Electrónica Avanzada.
La requirente no logra desvirtuar los argumentos que han llevado al Pleno del Tribunal en sentencias de fondo a desestimar análogas impugnaciones como para modificar su jurisprudencia anterior.
Contraviene la igualdad ante la ley y el debido proceso. La investigación quedaría entregada a la absoluta libertad y arbitrariedad de un órgano de la administración que la conduce a su arbitrio fuera de cualquier control jurisdiccional.
Se configura una diferencia arbitraria, pues a otro grupo que se encuentra en una situación similar -terceros perjudicados por una paternidad no matrimonial- sí se les permite impugnarla.
Sí las empresas son declaradas único empleador serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales, así como de instrumentos colectivos.
Vulnera el principio de la proporcionalidad al no graduar la cuantía en función de la gravedad de la infracción. También la igualdad ante la ley y el debido proceso al entregar tal determinación discrecionalmente a la autoridad administrativa.
No es posible invocar derechos adquiridos en el ámbito del Derecho Público respecto de actividades que requieren de un permiso -licencia especial para la circulación de los coches Victoria- de la autoridad para su ejercicio.
