Le permite a los inspectores actuar sin motivar sus resoluciones sancionatorias, lo cual genera la indefensión del fiscalizado quien no sabrá por qué se le impone determinado monto.

Las normas impugnadas no tienen rango legal.

El legislador no tiene una libertad total para calificar como delito sujeto a la jurisdicción militar cualquier hecho delictivo y, de esta forma, sustituir el régimen procesal general por uno especialísimo.

Vulneran la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal, el derecho a una investigación y procedimiento racionales y justos, el principio de legalidad, en su concreción de tipicidad y proporcionalidad.

Se pronunciará respecto del fondo.

El precepto legal impugnado no resulta decisivo en la resolución del asunto.

No indica “la manera en que el auto acordado afecta el ejercicio de los derechos constitucionales del requirente”.

Es la propia disposición impugnada la que expresamente contempla una desigualdad ante la ley.

Infringiría la igualdad ante la ley, el derecho de asociación, la libertad sindical, el derecho al trabajo, la libertad para desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad.

Se le impone una sanción desproporcionada.