A juicio del Tribunal Electoral, Luis Armando Quezada Solís, incurrió en una falta grave al principio de probidad al haber infringido gravemente las normas sobre probidad administrativa.
A juicio del Tribunal Electoral, Juan Hijerra Serón, incurrió en una falta grave al principio de probidad al haber cometido durante el ejercicio de su cargo el delito de conducción en estado de ebriedad haciendo uso de vehículo municipal.
La suspensión del derecho a sufragio no se ve alterada por la circunstancia de haberse dictado una sentencia absolutoria, toda vez que esta no constituye una sentencia definitiva para los efectos de poner término a la suspensión mientras no se encuentre firme o ejecutoriada.
Denuncian incumplimiento al deber de supervigilancia, que se manifiesta en actuaciones de inspección o de carácter coercitivo, sin embargo, el recurrido omitió su ejercicio o la aplicó de manera inoportuna.
Autorizó la contratación directa y asignó la concesión del servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios y públicos, por un plazo de 4 años.
A los cargos por notable abandono de deberes, se le suma la investigación llevaba por el Ministerio Público respecto de diversas contrataciones con empresas, en partícular con la empresa Itelecom en el conocido “Caso Luminarias”.
Se incurre en notable abandono de deberes cuando se producen circunstancias de suma gravedad que demuestran, por actos u omisiones, el inexplicable descuido o la ineptitud con que la autoridad abandona sus deberes.
El incumplimiento a la norma electoral obliga a anular el proceso y ordenar que cesen de inmediato las electas en el ejercicio de sus cargos y asuman provisoriamente quienes los desempañaban con anterioridad a la elección declara nula.
El requerimiento arguye que la infracción yace en rechazar la autorización para celebrar un contrato de concesión de servicio de recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza de calles con extracción de basura.
El Tribunal Electoral señaló que, ninguna de los motivos que fundamentan los 26 cargos poseen la entidad suficiente para concluir que en relación a los mismo ha existido de parte del Alcalde requerido notable abandono de deberes o faltas graves a la probidad administrativa.
