La jueza acogió la acción al no supervisar la conducta de uno de sus dependientes.
Juez penal Héctor Barraza accedió a la solicitud de las defensas de entregar la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación en el marco de la causa abierta contra integrantes del denominado Clan “Los Gallegos”, brazo operativo con el “Tren de Aragua”.
El tribunal accedió a la solicitud del reo para que su mascota lo visitara en la cárcel. No obstante, ordenó que se acreditara su estado de salud y que fuera acompañado por un familiar del recluso. La decisión generó malestar en algunos funcionarios penitenciarios.
Tras largas jornadas, las cuatro comisiones terminaron de votar las más de mil enmiendas presentadas al anteproyecto que emano de la Comisión Experta. Los acuerdos y negociaciones en varios temas no perduraron. Ahora, el turno es del pleno del Consejo Constitucional, quienes deberán revisar y votar cada uno de los artículos del texto constitucional. Aún queda camino, no obstante, ciertas posiciones, ya sea del oficialismo o de la oposición, comienzan a vislumbrarse.
Resulta innegable que el tribunal a quo incurrió en un vicio procesal que afectó la garantía constitucional del debido proceso contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, en cuanto desarrolló la audiencia de juicio sin la comparecencia de la parte denunciante.
El egresado ha cumplido con todas y cada una de las etapas para la obtención de su grado académico, pero no se le da dado respuesta fundada a su petición de fecha para rendir el examen de grado, pese a que las condiciones anotadas han sido superadas, lo que es discriminatorio.
Las víctimas sufrieron un accidente de tránsito luego de colisionar a una vaca que yacía muerta en una ruta de la comuna de Limache. El tribunal consideró configurada la falta de servicio por no ejecutar las medidas necesarias para la seguridad vial de la ruta en que ocurrió el evento fatal.
La moción regula el ejercicio de este derecho y las razones de su revocación. Así también establece los criterios para designar la tutela y curaduría.
El acusado viajaba de copiloto en un vehículo que fue fiscalizado por Carabineros, momento en que uno de los funcionarios percibió el hedor a cannabis y vio al imputado desprenderse de una bolsa que contenía marihuana, indicios suficientes para efectuar un control de identidad a todos los ocupantes del vehículo en atención al artículo 85 del Código Procesal Penal.
En junio del 2022, jura como ministra de la Corte de Apelaciones de Talca Blanca Rojas Arancibia -actual presidenta del tribunal de alzada —, pero no fue hasta el juramento de Marisol Ponce Toloza, llevado a cabo el pasado miércoles 30 de agosto, que por primera vez en la historia de la Corte de Talca, el pleno de ministros era integrado por 3 ministras titulares.
