El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar por considerar arbitrario el actuar de las recurridas al denegar el pago de siete licencias médicas, ordenó dejar sin efecto la medida y proceder a su autorización y pago.
El Tribunal de alzada estableció que en esta etapa procesal, se cumplen los requisitos para desaforar a la parlamentaria y hacer lugar a la formación de causa en su contra al estar presente el elemento subjetivo indispensable para configurar el delito atribuido: el animus injuriandi.
No existe ninguna resolución judicial que permita concluir que el demandante sea autor de episodios de violencia de género o doméstica, ni autor de delitos de abusos sexuales en la persona de su hijo.
El Consejo Constitucional ya comenzó el debate. Dentro de las comisiones, conformadas oficialmente esta semana, los consejeros han analizado los capítulos del anteproyecto junto a los expertos que los redactaron. Mientras tanto, los intentos de incentivar la participación ciudadana llegaron hasta el parlamento para poder extender el plazo de las audicencias. Todo esto y más […]
La medida de expulsión se adoptó en concordancia a su Reglamento Interno y se basó en diversas conductas que fueron constitutivas de infracciones tipificadas como falta muy grave. Además, los antecedentes se encuentran en conocimiento de la Superintendencia de Educación.
No resulta procedente decretar el cese de los alimentos ya que la obligación del alimentante se mantiene si el alimentario está estudiando una profesión u oficio.
Con invitaciones de último minuto, acercamientos entre las distintas fuerzas y una que otra polémica, el Consejo Constitucional dio el vamos el pasado miércoles a esta segunda etapa del proceso. El órgano recibió durante la ceremonia el anteproyecto de la Comisión Experta, quienes ya terminaron oficialmente la primera parte de su labor y que incluso […]
A través de una resolución la Sala de la Cámara solicitó la participación del Ministerio de Educación, el Senda y el Consejo Nacional de Televisión en la implementación de esta política.
La denominada coloquialmente “funa” no es ni puede constituir el ejercicio legítimo de un derecho cuando afecta en forma abusiva el derecho a la honra del denunciado.
La periodista, frente a Diana Bolocco y José Antonio Neme, comenzó a difundir opiniones personales y juicios de valor sin tener a la vista dictámenes o resoluciones de la CGR, por lo que a pesar de que no se acreditaron los delitos, sí tuvo motivo plausible para litigar.
