La recurrida se apegó estrictamente a lo establecido en las bases del concurso interno de antecedentes por lo que no existió ilegalidad alguna.

El requirente estimó haberse vulnerado el debido proceso, en específico, su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

El recurrente estimó infringidos la igualdad ante la ley y el debido proceso.

El mismo asunto se encuentra en tramitación ante el Segundo Tribunal Electoral de Santiago.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la resolución dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó la acción judicial, tras establecer que las demandadas no tienen una dirección laboral común.

El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada y estableció que la Dirección del Trabajo actuó dentro de sus facultades legales y que no existe derecho indubitado de las organizaciones sindicales recurrentes.

La forma de computar el plazo fatal de treinta días que establece el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar una solicitud de reconsideración de multa ante el Director del Trabajo, no es de días corridos, sino de días hábiles.

La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar dispuso que se rechaza la acción de protección deducida.

El requisito de la dirección laboral común se establece porque existe una persona que es el representante legal de todas ellas y se lleva en forma conjunta toda la gestión administrativa del personal contratado.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la Dirección del Trabajo y anuló el dictamen recurrido.