El objetivo de estos reportes es que los titulares implementen acciones preventivas para evitar exceder el límite máximo de producción autorizado en su RCA, al finalizar el ciclo productivo.
Cuncumén es una localidad agrícola que se ubica en la zona alta del Valle del Choapa. Desde 1999 Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals emplaza sus faenas productivas a unos 20 kilómetros de la localidad.
Lo anterior, en el marco de nuevas medidas urgentes y transitorias (MUT) ordenadas contra el titular, Casablanca Transmisora de Energía, por la ejecución del proyecto “Nueva Línea 2×220 Nueva Alto Melipilla- Nueva Casablanca- La Pólvora- Agua Santa” que se emplazará en distintos puntos de las regiones Metropolitana y Valparaíso.
Las reclamaciones que analiza el tribunal fueron presentadas luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó las solicitudes de invalidación de las resoluciones con las cuales este organismo definió que los tres proyectos de optimización antes citados no debían ingresar al SEIA, pues no involucrarían cambios de consideración respecto de los proyectos originales.
Los alegatos finales fueron entregados ante el Primer Tribunal Ambiental, el que deberá determinar si se configura o no el daño ambiental al acuífero de Monturaqui, Negrillar y Tilopozo.
La Superintendencia del Medio Ambiente advirtió que, ante el aumento de temperatura, el objetivo es que se implementen todas las medidas comprometidas, a fin de evitar y controlar posibles efectos generados por malos olores.
Empresa arriesga una multa de hasta 21.000 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $ 16.000 millones a valor actual.
“A juicio del Tribunal, la resolución reclamada adolece de vicios de legalidad, toda vez que se basa en un procedimiento administrativo viciado. Lo anterior, atendido que FLESAN recién tuvo conocimiento de la inspección y medición de ruidos casi dos años después de realizada, al ser notificada de la formulación de cargos, y cuando la faena de construcción había terminado”, concluye la sentencia.
La sentencia determinó que no se configuró daño ambiental en relación con las intervenciones realizadas en el Humedal Teja Sur alrededor del año 2000. Entre los argumentos presentados se encuentran afectaciones a servicios ecosistémicos, pérdida de hábitats de vida silvestre, impactos en la provisión de agua, cambios en la regulación del humedal, y daños a servicios ecosistémicos culturales.
La instrucción establece la forma en que los regulados deberán entregar la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las metas de recolección y valorización.
