Se trata de una iniciativa que busca sistematizar todos los delitos denominados de «cuello y corbata», sancionando con cárcel la colusión, la extracción ilegal de aguas y lavado de activos, entre otros.
Tras una reunión en La Moneda, el presidente del Senado Álvaro Elizalde, explicó que el mecanismo legislativo acordado para analizar la iniciativa permitirá dar una pronta respuesta al problema que afecta a transportistas.
La reforma constitucional tiene por objeto generar una reducción del precio de los alimentos de primera necesidad en beneficio de la población más vulnerable.
El proyecto, que pasó a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, tiene por objeto solucionar el malestar generado por los atochamientos vehiculares en las plazas de peajes.
La Comisión de Constitución escuchó las opiniones de la Fiscalía sobre el proyecto y planteó que previo a su trámite en particular, se constituya una mesa de trabajo que incluya a los familiares de las víctimas.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, habiéndose ya oficiado a la Corte Suprema para que evacue su informe.
La iniciativa busca sancionar a los alcaldes que, de manera reiterada e injustificada, no den respuesta ni adopten acciones concretas en materias de seguridad y orden público.
Así lo propone la moción que comenzó a estudiar la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, que establece sanciones y penas, contribuyendo a disuadir conductas de riesgo y promover cuidado de todas y todos los usuarios vulnerables, tal como se transparentó durante la última sesión.
La Cámara deberá proponer al Senado, para su aprobación o rechazo, en votación única, a dos candidato seleccionados a través de un Concurso Público de Antecedentes.
En lo principal, se busca endurecer la regulación aplicada a los escapes masivos de salmónidos desde centros de cultivo. Asimismo, avanza en mejorar la transparencia y la información del sector acuícola.
La OMS reconoce la necesidad de crear o fortalecer, según proceda sistemas de salud que respalden a todas las personas con discapacidad o trastornos de salud mental o del desarrollo, sin ningún tipo de discriminación.
