Todo trato o contratación directa, cualquiera fuese su cuantía, deberá acreditar su justificación, fundamentos y, en todos los casos, ser sometido al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, la que dispondrá de 10 días para emitir pronunciamiento.

La iniciativa propone cambiar el criterio de determinación de áreas de protección de las fuentes de agua, especialmente de las destinadas a consumo humano.

Con el fin de resguardar el interés de la nación frente al traspaso de recursos públicos para la ejecución de programas sociales, actividades o cualquier iniciativa de apoyo a la comunidad o a un grupo determinado de personas.

Son huilliches las comunidades indígenas ubicadas principalmente en la Regiones de Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y los indígenas provenientes de ellas

Debiendo el transportador devolver al menos el ochenta y cinco por ciento de su valor.

En la actualidad tienen una vigencia de tres años y la idea es reducir este plazo a un año para incorporar nuevas patologías de manera más seguida.

La norma castiga penalmente los daños provocados a vehículos del transporte se encuentren o no en circulación, al igual que a quienes marquen con mensajes, firmas, rayados, u otras figuras o expresiones a medios de transporte público de pasajeros.

También cuando se encuentren ejerciendo labores de resguardo de infraestructura crítica, pero en ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados bajo esta jurisdicción.

La iniciativa busca adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales propios de una política carcelaria humanitaria, con pleno respeto a los derechos humanos.

No se deberá acordar con el empleador.