Busca crear un marco normativo para la implementación de una política nacional de etiquetado de productos que informe respecto de sus impactos y externalidades medioambientales, otorgando a los consumidores información fidedigna, certificada y de fácil comprensión.

Una vez que la Comisión especializada emita el informe respectivo, la Sala se pronunciará sobre el proyecto que crea una plataforma de denuncia en Contraloría.

La Comisión de Constitución del Senado inició el estudio de una iniciativa que plantea un procedimiento monitorio para el cobro de rentas de arrendamiento en aquellos casos en que han pasado meses de morosidad o se han producido daños en los inmuebles.

De este modo se aprobó establecer límites al número de hectáreas pensando en la capacidad económica de los medianos y pequeños madereros.

Busca evitar los graves impactos que generan al suelo, biodiversidad y diversas especies de flora y fauna, estableciendo, además, medidas de sanción proporcionales.

La iniciativa introduce una regulación específica a la actividad de compraventa o arriendo de vehículos que pudiera resultar sospechosa por su vinculación con delitos de narcotráfico y crimen organizado.

Se tipifica el delito de ecocidio, como cualquier omisión o acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente.

Las senadoras Marcela Sabat, Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Adriana Muñoz y Yasna Provoste hacen presente que la evidencia científica ha demostrado la importancia de la lactancia materna, además de ser un factor esencial para prevenir la desnutrición y la obesidad en los niños y niñas.

La Comisión de Gobierno del Senado concluyó el análisis de la norma que busca conciliar el libre tránsito de personas y el derecho de los ciudadanos a proveerse de condiciones de mayor seguridad.

La iniciativa tiene como idea matriz eliminar la referencia a que la víctima sea menor edad, y a su vez, establecer que no será considerada la edad de la víctima para calificar a la acción penal como imprescriptible respecto de los delitos sexuales.