La iniciativa quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Durante el debate en particular quedaron de manifiesto las distintas posturas respecto a la tipificación de las penas y se analizó la evolución de los delitos asociados a tomas y loteos irregulares.

Un grupo transversal de senadores presentó una moción que busca armonizar la legislación y compatibilizar las actividades que se desarrollan en el borde costero.

La norma establece limitaciones de edad y condiciones climáticas para su uso, junto con sanciones para los operadores que incumplan los reglamentos.

Toda fundación, corporación o entidad de derecho privado deberá poner a disposición del público su información corporativa tales como la individualización de su representante legal, rol único tributario, domicilio y datos de contacto en los respectivos sitios de internet u otro medio de libre acceso al público.

De manera de favorecer las capacidades de control, persecución y sanción de la comisión de delitos para el Ministerio Público como para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile.

La iniciativa busca regular formalmente el establecimiento de estrategias de prevención y contención de la violencia y la delincuencia en torno a la realización de prácticas o competiciones deportivas en conjunto con las instituciones correspondientes mediante el establecimiento de protocolos de emergencias que resguarden el orden y seguridad.

La integridad física, la vida y la seguridad personal de los trabajadores y de las personas que viven en zonas extremas o fronterizas, entendiendo que en estos casos se afecta gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.

Hay grupos de la población que son especialmente vulnerables a la comisión de delitos, por la evidente diferencia física entre el delincuente y la víctima.

La iniciativa, originada en una moción de senadores, debe ser votada en general por la Sala del Senado y ya se anunció la presentación de indicaciones para su trámite en particular.

El Congreso debe ser garante de la voluntad popular, no de la voluntad de los partidos políticos.