Busca evitar la influencia que ejerce el dinero sobre la línea editorial de los medios de comunicación en temas que interesan directamente a dichas empresas, las cuales, además, cumplen una labor eminentemente pública.

Los parlamentarios del Congreso Nacional tienen derecho a votar y participar telemáticamente de las sesiones y comisiones, si estos acreditan ante la mesa de la Corporación respectiva que, de acuerdo a las normas de la autoridad sanitaria, deben realizar cuarentena por Covid-19.

La iniciativa, que incluye como una obligación de los establecimientos de salud acoger el plan de parto presentado por la mujer o persona gestante, fue despachada a la Sala para su tramitación en particular.

Busca establecer la obligación legal para que Carabineros, la Policía de investigaciones, el Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea, cuenten con un reglamento para la adquisición, cría, adiestramiento y evaluación de los animales que sean de su propiedad.

La Subsecretaría de la Niñez y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) confluyen y se relacionan en cuanto a sus funciones y atribuciones, por lo que se busca potenciar el objetivo de cada servicio y fortalecer el trabajo de cada institución.

La iniciativa recibió 40 indicaciones que fueron analizadas por la comisión especial de asuntos de la infancia.

Los requisitos para trabajar en el sector público deben ser cada vez más exigentes, especialmente respecto de los cargos directivos o de jefaturas, ya que como sociedad esperamos que el Estado funcione de la mejor manera posible.

El texto plantea la necesidad de deslegitimar todo acto de violencia en las relaciones afectivas, relevando la falta de normalidad de las mismas, y su rechazo absoluto, promoviendo acciones de toma de conciencia en este sentido.

El texto busca establecer una medida de equilibrio en el reparto de los ingresos provenientes del fútbol, como una forma de disminuir la brecha en las capacidades económicas entre la práctica del fútbol profesional y el amateur. Durante el debate se adelantó que se presentarán una serie de indicaciones.

Con el fin de que el Estado se encuentre obligado a promover el respeto y la preservación, tanto del idioma español castellano como de las distintas lenguas de nuestros pueblos originarios.