Se ordenó el pago de $80.000.000 por concepto de indemnización por daño moral y lucro cesante.
La sentencia determina que la norma objetada no satisface el imperativo constitucional «pronta administración de justicia».
El fallo incurrió en un error de derecho al desestimar la denuncia.
Actúo como una comisión especial al desconocer facultades de la Junta de Administración y Vigilancia, y con infracción a la normativa laboral.
El fallo explica que la ausencia de un recurso anulatorio efectivo, en casos complejos o relevantes, arriesga dejar indemnes infracciones que son graves a la luz de la Constitución.
El máximo Tribunal resolvió que únicamente el pago de la obligación o su extinción por otro modo legal permiten eliminar información respecto a morosidad de deuda.
La requirente solicitó el detalle de las detenciones.
La Magistratura Constitucional señala que es en la contestación de una demanda en el juicio declarativo la oportunidad procesal en la que debe plantear la requirente sus excepciones.
El recurrido se habría negado a entregar la información basado en una limitante del sistema informático.
La Magistratura constitucional sostuvo que la norma impugnada vulnera la igualdad ante la ley, al dar un idéntico tratamiento al mero contribuyente moroso que al contribuyente que se ha visto expuesto a la lenidad de quien obra como acreedor.
