La requirente plantea que la aplicación de la disposición impugnada, en su versión vigente a la fecha de los hechos materia de la gestión pendiente, vulnera el derecho de propiedad, al establecer un mecanismo que, bajo el pretexto de regular la actividad bancaria, resulta en la apropiación forzada de bienes sin la debida compensación, lo que se asemeja a una expropiación encubierta.
La requirente sostiene que los preceptos impugnados harían responsable al representante legal de la sociedad deudora por la que giro el cheque, atribuyéndole responsabilidad civil solidaria como “girador formal del cheque”, lo que infringe los artículos 1, 19 Nº 3 y 24 de la Constitución.
La requirente sostiene que la aplicación de las normas impugnadas en la gestión pendiente, producen graves infracciones constitucionales, específicamente al Principio de Proporcionalidad.
La requirente sostuvo que en el caso concreto, la aplicación del precepto legal impugnado restringe injustificadamente diversos derechos constitucionales, incluidos el derecho al debido proceso, a la libertad económica, al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica.
El requirente alega que se vulnera el debido proceso, el derecho al recurso y a la tutela judicial al impedir que la Corte de Apelaciones pueda conceder orden de no innovar, como también la esencia de los derechos y garantías constitucionales conculcados por aplicación del precepto legal impugnado
La sanción establecida al efecto resulta desproporcionada para los fines perseguidos, toda vez que evidencia el abuso de la demandante de persistir en el cobro lo que produce resultados contrarios a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras vulneraciones de garantías constitucionales.
Su aplicación transgrede principios fundamentales del ordenamiento jurídico, tales como, los principios Non bis in ídem, de no enriquecimiento injusto y de Proporcionalidad, e infringen también diversos derechos y garantías fundamentales.
Al establecer el precepto impugnado que sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social, se vulnera la garantía de un procedimiento racional y justo, la igualdad ante la ley en la medida que deja sin aplicación el régimen de recursos que al que el litigante en cualquier otro proceso tendría acceso.
La Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de nulidad al resolver que la sentencia del Tribunal Ambiental no corresponde a una sentencia definitiva porque versa sobre la revisión de un acto trámite y no terminal, pues no recae sobre el fondo de la controversia. La requirente argumenta que la limitación recursiva vulnera su derecho al debido proceso, específicamente el derecho al recurso, y esto genera una discriminación arbitraria al privarla de un recurso efectivo en contra de sentencias dictadas por los tribunales ambientales, lo que afecta también la esencia de su derecho al debido proceso y al principio de proporcionalidad.
El requirente alega la norma objetada impide el adecuado ejercicio de su derecho a defensa judicial, al restarle, de manera absoluta, el valor probatorio a las declaraciones de testigos presenciales de los hechos, lo que además supone negarle el derecho a aportar pruebas, en contravención, asimismo, de la igualdad ante la ley.
Los requirentes alegan que la aplicación de estos preceptos atenta contra la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva de los derechos, el derecho a la acción contra actos Administrativos entre otras garantías constitucionales.
