El requirente señala que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente genera una situación de desamparo e indefensión, al prohibir a la Corte Suprema revisar ciertos abusos, como los derivados de un recurso de queja previo.
La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente vulnera la igualdad ante la ley, ya que conlleva a diferencias arbitrarias en los ajustes de precios para afiliados con planes idénticos. También señala que favorece injustificadamente a la ISAPRE, al otorgarle la facultad de modificar unilateralmente los contratos, mientras que los afiliados no pueden mantener sus condiciones originales. Finalmente, afirma que el precepto transgrede su derecho a elegir el sistema de salud, pues las opciones ofrecidas no incluyen conservar el plan en los términos inicialmente contratados.
La requirente sostiene que los preceptos impugnados harían responsable al representante legal de la sociedad deudora por la que giro el cheque, atribuyéndole responsabilidad civil solidaria como “girador formal del cheque”, lo que infringe los artículos 1, 19 Nº 3 y 24 de la Constitución.
La requirente alega que la aplicación del artículo cuadragésimo séptimo transitorio de la Ley N° 21.210 ha sido decisiva en las sentencias de instancia para rechazar su demanda, basándose incorrectamente en que la obligación tributaria se funda en el cambio normativo, cuando el argumento principal es la inexistencia de obligación tributaria previa, ya que su actividad como sociedad de inversión pasiva no la califica como sujeto pasivo del tributo antes de la modificación introducida por la Ley N° 21.210.
Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional la frase “La tasación será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos de la contribución de haberes”, contenida en el inciso primero del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil. El precepto legal impugnado establece lo siguiente: “Artículo 486.- “La tasación será la […]
La requirente sostiene que la aplicación de las normas impugnadas en la gestión pendiente, producen graves infracciones constitucionales, específicamente al Principio de Proporcionalidad.
La requirente sostuvo que en el caso concreto, la aplicación del precepto legal impugnado restringe injustificadamente diversos derechos constitucionales, incluidos el derecho al debido proceso, a la libertad económica, al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica.
La aplicación de los preceptos legales impugnados genera efectos inconstitucionales indeseados y desproporcionados, escenarios de inseguridad jurídica lo que afecta gravemente los derechos legítimos de la parte demandada, justificando así su inaplicabilidad.
El requirente alega que se vulnera el debido proceso, el derecho al recurso y a la tutela judicial al impedir que la Corte de Apelaciones pueda conceder orden de no innovar, como también la esencia de los derechos y garantías constitucionales conculcados por aplicación del precepto legal impugnado.
La requirente alega que la norma objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad, ya que el MOP la instó a no detener la construcción de las obras del Aeropuerto pese a la pandemia del COVID-19 como si se estuviera frente a tiempos de absoluta normalidad.
También se impugnó la norma que faculta al juez de policía local sancionar con multa no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, cualquier infracción a las disposiciones de la LGUC, a su ordenanza general y a los instrumentos de planificación territorial. La requirente estima que los preceptos impugnados atentan contra los principios de tipicidad, legalidad y proporcionalidad.
