La gestión pendiente incide en un proceso laboral, en el que una académica demandó por vulneración de garantías fundamentales a la Universidad requirente, en virtud de que habría avalado un trato arbitrario hacia ella, fundado en sus opiniones políticas y personales.

Cuando un sujeto desconoce si puede o no ser infractor de la Ley de Seguridad del Estado (lo cual reviste singular gravedad atendida la amplia penalidad), no es posible afirmar que tal preceptiva cumpla con la exigencia de la previsibilidad, de que la conducta esté completamente descrita en la ley.

La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, seguido ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

Resulta un derecho fundamental de las partes en un procedimiento, que las resoluciones dictadas puedan ser revisadas por el superior jerárquico, más aún si de estas resoluciones se desprenden sanciones tan gravosas como la que funda este requerimiento.

En la gestión pendiente, el CNTV multó a una empresa por exhibir película de terror no apta para menores de edad en horario protegido.

Al cerrar la investigación y decidir no perseverar sin formalización, el querellante no puede seguir interviniendo en el procedimiento penal, ya que, en la práctica, una vez ejercida la decisión de no perseverar sin formalización, se le impide el derecho a acusar.

La denuncia de SERNAPESCA no cumplió con el estándar de inspección y la necesaria comprobación de la infracción administrativa que le es exigible y en base a ella se lo sancionó con una multa.

Precepto legal impugnado infringiría el derecho al recurso, toda vez que se le impide a la Municipalidad recurrir ante un Tribunal superior.

Preceptos legales impugnados no se establecen criterios, parámetros, ni principios, que permitan determinar el quantum de la multa a aplicar en un caso concreto ajustándose a criterios de proporcionalidad.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.