El condenado realizó todas las acciones necesarias para apropiarse del teléfono celular que la víctima portaba, acometiéndolo de manera sorpresiva. El objetivo no se cumplió debido a una circunstancia ajena a la voluntad del agresor.

La incorporación de dicha prueba al juicio supone que ella sea inteligible y susceptible de ser comprendida por los intervinientes, peritos, testigos y por cierto para el tribunal, factor que no se verifica si dichas pruebas -en este caso las cartolas que refiere el recurrente- se encuentran otorgadas en un idioma distinto al castellano y sin traducir válidamente.

Quien está llamado a valorar la prueba y vincularla con los hechos materia del proceso es el tribunal, de modo que el esfuerzo desplegado por el Ministerio Público en estrados, a fin de demostrar la existencia de un concierto previo entre los imputados a partir de la prueba rendida en el proceso, resulta ser un ejercicio infructuoso que no resulta idóneo en modo alguno para subsanar las deficiencias argumentativas del fallo recurrido.

El recurso está deducido por uno de los dos condenados, sin embargo, se hallan en la misma situación en lo concerniente al grado de ejecución del delito, en virtud de lo cual la sentencia favorable para el recurrente también debe extenderse para el otro condenado acorde con lo que previene el artículo 360 inciso segundo del Código Procesal Penal.

Los jueces sancionaron al acusado con la pena de prisión en su grado máximo, luego de rebajar dos grados la pena asignada al delito, pero olvidan que calificaron el hecho ilícito como delito frustrado, lo que implica que debieron imponer la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley y luego rebajarla en aplicación del instituto de la media prescripción.

Al consignar la frase “alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos”, la intención del legislador no pudo ser otra que obligar a las partes a realizar actuaciones que revelen inequívocamente el propósito de continuar con el procedimiento.

El hecho que la víctima no tuvo interés en concurrir al SML para ser periciado y que no aceptara la licencia médica que le iba a ser extendida por el respectivo facultativo del Hospital del Trabajador para no perder su trabajo, hacen suponer que tampoco concurrirá al juicio oral que debería realizarse, en caso de acogerse el recurso de nulidad deducido por el Ministerio Público.

En ausencia del elemento subjetivo del tipo que, al decir de los profesores Politoff, Matus y Ramírez “tiñe de sentido la conducta en cuanto peligrosa para el bien jurídico”, no se vislumbra infracción alguna de carácter legal en la sentencia impugnada, la cual concluyó en la absolución de la imputada.

A pesar de que la jurisprudencia, de modo general, ha tendido a entender por morada la casa o el lugar de habitación o sus dependencias (idea de recinto en el que una o más personas viven, permanecen y generalmente pernoctan), no parece haber objeción alguna para extender el concepto, también, a otros lugares donde se desarrolla la vida particular.

Del análisis del arbitrio se concluye que en realidad no se comparte la valoración que la sentencia realiza de los medios de prueba producidos, aspecto que no es posible modificar dada la naturaleza del recurso de nulidad.