Aun cuando se eliminen los antecedentes penales ello no implica que los jueces estén obligados a reconocer la irreprochable conducta anterior, resuelve Corte de Copiapó.

El abandono del procedimiento resultaba improcedente, si se considera que, pese a haber sido recibida la causa a prueba, el impulso procesal recaía en el tribunal.

Los hijos de las partes también son moradores permanentes del hogar y manifestaron su voluntad de permitir que su padre concurriera al hogar a entregarles las bolsas con mercadería, resultando relevante que no se demostró que hubiere alguna orden de alejamiento, que hiciere incurrir al denunciado en infracción de alguna resolución o medida judicial.

La falta de valoración no puede superarse a través de la sentencia que dicte la Corte, porque aquello significaría afectar el principio de inmediación.

Las incertezas son evidentes y derivan, en buena medida, de la negligencia del Ministerio Público al sustentar su hipótesis en dicha prueba, pero, además, de una actuación del tribunal a quo que termina subsanando las debilidades probatorias de cargo, justificándolas e imponiendo un escrutinio más allá de lo justificado a otros antecedentes y pruebas allegadas al juicio, descartándolas.

Para configurar la receptación es indispensable mantener un poder sobre la cosa, debe existir un animus detinendi, (ánimo de tener, retener o conservar), que si bien es inferior al possidendi si exige una detentación y disponibilidad propias del corpus, excluyendo, en principio, situaciones de “tenencia fugaz”.

La Fiscalía ni siquiera acompañó fotografías del vehículo que permitieran tener una idea de la magnitud del golpe, el lugar de los hechos u otros aspectos importantes, por lo que resulta improbable satisfacer los elementos del tipo materia de la acusación del modo en que lo exige el procedimiento penal.

El artículo 104 del Código Penal, para regular el tiempo durante el cual será aplicable la agravante de reincidencia, atiende no a la pena concreta aplicada en su momento por aquella infracción anterior, si no al ilícito mismo de que se tratare.

Lo anterior se reafirma con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Nº18.216.

Al no aplicar la norma de carácter general contemplada en el artículo 104 del Código Penal, la sentenciadora del fondo ha incurrido en un error de derecho, al aplicar en forma incorrecta el artículo 196 de la Ley del Tránsito e imponer la pena accesoria de suspensión de la licencia de conductor por el término de cinco años, y no por dos años.