Proyecto de ley establece la asociación ilícita como agravante del delito de amenazas.
De acuerdo con la encuesta CEP (abril-mayo 2022) se puede desprender que a lo menos un 70% de la población considera que diversos temas relacionados con seguridad pública (violencia, delincuencia, narcotráfico, crimen organizado, etc.) deben ser una prioridad para el gobierno.