El proyecto se ubicaría a 70 kilómetros al sureste de Antofagasta, que considera una inversión de nueve millones 900 mil de dólares, contempla 20.160 paneles solares en una superficie total de 31,5 hectáreas para generar 9MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La iniciativa está orientada a la divulgación de conocimiento actualizado en materias ambientales, tanto del derecho como de las ciencias exactas, por lo que los interesados podrán abordar las subdisciplinas jurídicas y de las ciencias naturales vinculadas al tema ambiental como, por ejemplo, derecho administrativo, derecho regulatorio, hidrogeología, geología, geografía, biología, economía, entre otros.

El órgano jurisdiccional también estableció que se debe realizar un nuevo estudio con los datos de las estaciones de monitoreo que representen correctamente a la totalidad de la población de Calama y que se disponga de las medidas necesarias que atiendan a mejorar su realidad atmosférica.

La decisión del órgano jurisdiccional tiene como fundamento evitar que en dicho predio se continúen realizando obras de loteo sin los permisos ambientales pertinentes.

Para el Consejo hubo una evidente negligencia de las empresas a las que está demandando en tanto, afirma “[…] que a fin de aumentar sus márgenes de ganancia fueron más allá de lo autorizado ambientalmente en la faena minera y terminaron generando el daño ambiental irreparable”.

El equipo del tribunal recorrió ampliamente la Quebrada de Camar y la localidad de Peine para conocer el estado de especies de algarrobos y el sistema de riego que SQM implementó como una de las medidas incluidas en el Programa de Cumplimiento Refundido (PdCR).

La comunidad indígena argumenta que “la autoridad ambiental ha validado en reiteradas ocasiones y de forma arbitraria, incluso en la resolución reclamada, la afirmación del titular respecto a que su proyecto no generará aquellos impactos significativos en relación con la comunidad indígena de Colla de Pai Ote”.

En la ocasión no solo participaron los abogados de las empresas mineras, sino también de la Comunidad de Peine como demandante y el Consejo de Pueblos Atacameños que actúa como tercero coadyuvante, es decir, que tiene interés en el resultado que tendrá esta causa.

Para la compañía minera no se justifican los argumentos de rechazo e insisten en haber trabajado “activamente y en cooperación con la SMA desde la presentación del primer PdC en mayo de 2021”.

La sociedad de la Zona Franca de Iquique solicita la inspección personal del tribunal al lugar afectado y se argumentan diversos aspectos que dicen relación con una posible contaminación por concentraciones de hidrocarburo en las aguas subterráneas, en el alcantarillado y en el suelo, todas las que -según los antecedentes presentados- superarían los límites establecidos por normas nacionales e internacionales.