Centros sociales, deportivos, culturales; movimientos sociales, ambientales, por la vivienda; además de fundaciones y juntas vecinales interpusieron una reclamación.
Las principales controversias levantadas por las partes son cuatro y tienen relación con el modelo hidrogeológico, el Plan de Alerta Temprana (PAT), los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) y que la resolución relacionada resulta contraria a derecho. Ahora será el tribunal el que se pronuncie respecto a estos puntos controvertidos.
El Servicio de Evaluación Ambiental refuta reclamación de Comunidad Indígena Wara y asegura que no hay antecedentes sobre la presencia de dicha comunidad en el área de influencia del proyecto.
Si bien es cierto que la sentencia dictada del Tribunal Ambiental resuelve la reclamación, no es menos cierto que dicho pronunciamiento no falla el fondo del asunto controvertido, cual es la existencia o no de una infracción a la normativa ambiental.
La acción dañosa de las demandadas, prolongada durante décadas, ha terminado dañando componentes ambientales tanto abióticos como bióticos, y ha destruido y condenando a la desaparición a ecosistemas singulares del Salar de Atacama.
Cada Tribunal ambiental estará integrado por tres ministros. Dos de ellos deberán tener título de abogado, haber ejercido la profesión a lo menos diez años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de derecho administrativo o ambiental. El tercero será un licenciado en ciencias con especialización en materias medioambientales y, a lo menos, diez años de ejercicio profesional.
El recurso de protección no es la vía idónea para impugnar la resolución que ordenó el cese de la extracción de agua desde el acuífero Lagunillas.
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo dispuso, en agosto del año pasado, el llamado a una nueva votación del proyecto minero portuario Dominga y rechazó solicitud de abrir otro proceso de participación ciudadana.
El acto reclamado se ajustó a derecho. El Comité de Ministros cuenta con amplias facultades discrecionales para retrotraer el procedimiento a etapas en que se permita al titular subsanar vicios e implementar mejoras con el fin de dotar de eficiencia y eficacia al proceso.
Denuncian transgresión del derecho internacional indígena, en particular del Convenio 169 de la OIT, en virtud del cual el Estado tiene el deber de adoptar las medias especiales que se precisen para salvaguardar los intereses de los pueblos originarios, siempre en consideración de los deseos que éstos expresen libremente.
