“A juicio del Tribunal, la resolución reclamada adolece de vicios de legalidad, toda vez que se basa en un procedimiento administrativo viciado. Lo anterior, atendido que FLESAN recién tuvo conocimiento de la inspección y medición de ruidos casi dos años después de realizada, al ser notificada de la formulación de cargos, y cuando la faena de construcción había terminado”, concluye la sentencia.

La instrucción establece la forma en que los regulados deberán entregar la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las metas de recolección y valorización.

En actividades de fiscalización se constató la superación de los decibeles permitidos por la norma de referencia para el horario diurno. El titular -Hotelera Mirador del Cerro Ltda.- arriesga una multa de hasta 5 mil UTA, equivalentes a más de $3.800 millones.

La actividad reunió a gran parte de los países miembros de la red que tiene como objetivo establecer una coordinación regional en materia de fiscalización y cumplimiento ambiental.

En base a un informe derivado por SERNAGEOMIN a la SMA, que analizó diversas materias asociadas al evento de subsidencia, relevando grietas que podrían afectar la estabilidad de la Mina Alcaparrosa.

Tras constatar en informes de fiscalización la alteración del medio marino producto de incrementos de salinidad asociados a la descarga de salmuera de la planta desalinizadora y la falta de evaluación de los efectos de esta actividad sobre la calidad del agua del sector costero y las matrices del sedimento marino.

Tras la aprobación del Segundo Tribunal Ambiental, la Superintendencia ordenó la renovación por 30 días de la Medida Urgente y Transitoria que fue indicada en agosto, en atención al riesgo que supone al medioambiente la construcción del proyecto “Nueva Línea 2×220 Nueva Alto Melipilla-Nueva Casablanca- La Pólvora-Agua Santa”, que considera la instalación de 110,8 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica.

El Tribunal estimó que la actuación de la SMA no infringió los principios del derecho administrativo pues, el ente fiscalizador “justificó debidamente las razones para no haber considerado las infracciones que dieron origen al procedimiento de clausura en un mismo procedimiento, sumado a que no era posible la acumulación de ambos procedimientos sancionatorios al encontrarse estos en etapas procedimentales diferentes”.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa de 2.851 UTA, equivalente a más de $2.162 millones, en contra de la empresa Consorcio Santa Marta S.A. Esto, por 11 infracciones configuradas, de las cuales, 1 fue clasificada como gravísima, 7 como graves y 3 como leves, que se sustentan por incumplimientos de las obligaciones contenidas en diversas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa de 10.000 UTA, equivalente a más de $7.583 millones, en contra del proyecto minero ubicado en la Región de Atacama. Esto por dos infracciones graves, y cuyos incumplimientos ambientales han afectado el resguardo de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Río Ramadillas.