La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el arbitrio constitucional y la excepción de incompetencia relativa deducida por la recurrida; decisión confirmada por la Corte Suprema.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el arbitrio constitucional; decisión que fue confirmada en todas sus partes por la Corte Suprema.
La gestión pendiente invocada incide en una acción de protección en contra de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Seguridad Social, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió la acción de protección, mas, la Corte Suprema, revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso.
«el recurrente de protección carece de un derecho indubitado respecto de la prestación de invalidez por enfermedad profesional de la Ley N° 16.744 y que lo legitime para reclamar por esta vía cautelar…»
El proyecto de ley, iniciado por moción de los senadores Bianchi, García, Muñoz, Pérez y Rincón, expone que si bien es posible reclamar judicialmente ante la Corte de Apelaciones en contra de las medidas disciplinarias que adopte el Superintendente de Seguridad Social, respecto de los demás pronunciamientos no hay revisión ante los órganos judiciales, salvo el recurso de protección que no siempre prospera
«la declaración de incapacidad se efectuó el año 2007 al tiempo que las diversas peticiones, recursos y solicitudes de reconsideración administrativos con que el recurrente pretendió modificar lo resuelto se sucedieron el año 2011 y 2012».
“conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales…”.
El Senado aprobó, por unanimidad, la idea de legislar el proyecto de ley, iniciado por mensaje, que crea una Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones. La iniciativa del Ejecutivo, que había sido aprobada en primer trámite constitucional por […]
El citado órgano fiscalizador negó el acceso a la información que le fue requerida, por estimar que la liberación de los nombres podría entorpecer la investigación que se está llevando a cabo por el Ministerio Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal. El Consejo para la Transparencia acogió el […]
