Contrapuntos

Sobre la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensión de alimentos.

Un grave problema social y cultural que se arrastra hace muchos años en nuestro país, se origina en las deudas de pensión de alimentos. La pandemia del Covid-19 dejó al descubierto la alta cifra de deudores de pensiones alimenticias, que por causa del desempleo y la crisis económica terminaron afectando en su mayoría a las madres que se vieron en la necesidad de solicitar el retiro de sus fondos de las AFP. Según datos del Poder Judicial el 84% de las pensiones de alimentos en Chile se encuentran impagas y nueve de cada diez demandas presentadas en tribunales son contra hombres. Esa preocupante realidad llevó a legislar para adoptar medidas en favor de los menores, aprobándose la ley de responsabilidad parental, más conocida como “Ley Papito Corazón”, que persigue garantizar que los deudores paguen la pensión de alimentos que deben a sus hijas e hijos. Con la finalidad de conocer algunas de las medidas legislativas aprobadas, su eficacia en pos del cumplimiento de los objetivos de la nueva ley y los problemas que puede traer consigo su aplicación, consultamos a las siguientes abogadas: Maite Arauco Yáñez, secretaria de estudios y docente de la Universidad Central de Chile y Nicols Galleguillos Ávila, abogada inmobiliaria, Magister en Derecho Registral e Inmobiliario y Tutora Académica de la cátedra de Seminario Integrativo en la Universidad Central.

Por Belén Altamirano, U. Central

1. ¿Cree usted que se logrará efectivamente reducir el porcentaje de deudores de pensión de alimentos con la aplicación de esta nueva normativa?

La nueva ley que crea el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, si bien contiene sanciones que son de gran envergadura, su correcta aplicación debería generar una tendencia a la reducción de la cantidad de deudores. Sin embargo, creo que el problema se puede generar al momento de la aplicación práctica de las sanciones que en ella se establecen, pues se requiere un trabajo coordinado entre distintas instituciones públicas y privadas, y el tribunal competente que esté conociendo del asunto.

Si dicha coordinación resultare eficaz, el registro viene a hacer las veces de “lista negra” y genera en último término ciertas limitaciones para el deudor. Limitaciones que, por cierto, permanecerán en tiempo a menos que se pague lo adeudado o se produzca un acuerdo de pago.

2. Dentro de los nuevos mecanismos para hacer efectivo el pago de la pensión de alimentos, ¿cuál es el que parece más eficaz?

De todos los mecanismos que esta nueva ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico, considero que el más efectivo es la calidad de acreedor preferente que se le otorga al alimentario, cuya pensión de alimentos se encuentra insoluta.

Por otro lado, algunas de las medidas que establece la ley ya son conocidas por la comunidad jurídica a propósito de los apremios que es posible solicitar en el procedimiento de cumplimiento de alimentos. Sin embargo, la retención en las operaciones de crédito de dinero, también vienen a formar parte de esta nueva batería de medidas.

3. ¿Considera usted que las nuevas medidas para hacer efectivo el pago de la pensión de alimentos son suficientes o habría sugerido algunas otras?

Teniendo presente que el derecho de alimentos consiste en un derecho fundamental para la persona en cuyo favor se declara pues se trata de lo necesario para su subsistencia, se puede sostener que las medidas son insuficientes pues el porcentaje de deudores de alimentos sigue siendo bastante alto, y así se pudo comprobar con motivo de la posibilidad de retener judicialmente el 10% de los fondos de pensiones con motivo del retiro de estos mismos en tiempos de pandemia.

Al tratarse de una obligación de carácter patrimonial, en que se establece la preferencia del alimentario para el pago, es necesario conocer los efectos que esto producirá en el futuro en atención a observar si disminuye la cantidad de deudores.

4. ¿Cuáles son los principales problemas que advierte en la implementación de la nueva legislación?

Tal como mencioné anteriormente, considero que uno de los mayores inconvenientes que se puede provocar en la implementación es la interconexión que deben tener las diversas instituciones que se encuentran vinculadas al registro. Es decir, este deber de consulta que pesa sobre algunos funcionarios ya sean públicos o privados.

A pesar de ello, las nuevas tecnologías que se implementen en los sistemas operativos de las instituciones, pueden encontrarse en armonía con lo requerido y más aún la posible responsabilidad disciplinaria en contra de los respectivos funcionarios.

5. En los casos de aquellos padres que trabajan de manera informal, no se conoce su dirección, no tienen bienes a su nombre, ¿cree usted que a través de esta nueva ley se logrará el objetivo de que paguen las pensiones alimenticias que adeuden?

El problema de la dirección o residencia de estos deudores es un problema general que no solo impacta en la jurisdicción de familia.

Por ello, haría la distinción entre: domicilio no conocido versus no tener bienes a su nombre.

Me referiré en particular a quienes no tienen bienes inscritos a su nombre: en este caso, resultan de gran importancia las medidas que limitan las operaciones de crédito de dinero, el rechazo de emisión de pasaporte a quienes se encuentren en el registro, así como también lo dispuesto para la licencia de conducir.

6. Se aprecia en la nueva ley un cambio de paradigma, ya que las medidas que autoriza no se centran en los apremios personales, sino más bien se dirigen en la búsqueda patrimonial que permita hacer efectivo el pago de las deudas de pensión de alimentos. ¿Cree usted que con ello se logrará que las personas tomen conciencia y se hagan cargo de sus responsabilidades paternas?

Lamentablemente, considero que sí.

Las medidas de apremio a las cuales se podía acceder con anterioridad a la ley que crea este registro, no estaban enfocadas únicamente en la búsqueda de patrimonio, por ello, creo que muy de acuerdo al espíritu de la ley, se busca reforzar la coparentalidad.

Nuestro ordenamiento jurídico trata la materia como aspectos del derecho de familia y de modo contemporáneo se ha tratado como una cuestión con algunos aspectos patrimoniales, pero en otros países, como por ejemplo EEUU, conocen el derecho de alimentos como un tema de interés social.

7. Antes de la nueva ley las madres tenían que asumir, en el hecho, el rol de investigadoras para encontrar bienes que permitieran el pago de esta clase de deudas. Ahora será el Estado quien asuma este rol. ¿Estima usted que esta ley es un buen comienzo para saldar una deuda histórica que existía como país en materia de igualdad de género?

Es un buen comienzo en el camino hacia la equidad de género, pero no se trata de un medio que sí mismo venga a solucionar el problema.

Las mujeres han llevado la carga, por regla general, de ser quienes deban dedicarse al cuidado de los hijos cuando los padres viven separados y es por ello que, resultan ser ellas quienes deben soportar los incumplimientos del alimentante y dar inicio a procedimientos judiciales cuando lo estimen necesario aun cuando ello traiga consigo cargas emocionales y económicas.

Sin embargo, se requiere que los tribunales fallen con perspectiva de género y tengan presente esta situación de hecho al momento de resolver los conflictos que en materia de familia se someten a su conocimiento (así como en todos los asuntos judiciales).

8. ¿Advierte que algunas de las normas de la nueva legislación pudieran estar afectas a un vicio de constitucionalidad, como algunos han sugerido?

Si bien, en cuanto al momento de formación de la ley y en su control preventivo por el TC se discutió la posible inconstitucionalidad de alguna de sus normas, por ejemplo, las responsabilidades que se contemplan para los funcionarios obligados a consultar el registro, finalmente el proyecto fue validado y en último término, promulgado como ley de la república.

Lo anterior no inhabilita para recurrir de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en un caso particular.

1. ¿Cree usted que se logrará efectivamente reducir el porcentaje de deudores de pensión de alimentos con la aplicación de esta nueva normativa?

El reducir el porcentaje de deudores de pensión de alimentos es lo que se espera, y la aplicación de esta nueva normativa causará un impacto en este sentido. Creo además que los nuevos mecanismos establecidos en esta reforma y la entrada en vigencia de medidas como el Registro Nacional de Deudores, o la persecución más eficaz de bienes del deudor, o la participación más activa de los tribunales en el proceso, entre otras, ayudará a conseguir el resultado esperado.

2. Dentro de los nuevos mecanismos para hacer efectivo el pago de la pensión de alimentos, ¿cuál es el que parece más eficaz?

Hablar de “eficacia” en estos momentos es un poco prematuro, primero es necesario estar atentos a cómo se implementarán estos mecanismos o cómo funcionarán en la práctica, pero presumo que la implementación de diversas medidas, mezclado con las facilidades que el legislador ha propuesto para el pago y cumplimiento de esta obligación, o la mejora al acceso a la información financiera de los deudores siendo el Estado el encargado de investigar,  deberían dar como resultado un sistema más eficaz considerado en forma armónica.

 3. ¿Considera usted que las nuevas medidas para hacer efectivo el pago de la pensión de alimentos son suficientes o habría sugerido algunas otras?

Más que “suficientes”, llama la atención el espíritu detrás su establecimiento, y el enfoque hacia lo patrimonial y a la efectividad del cobro de las deudas. En relación con ello, hubiese sugerido la revisión de los porcentajes de sueldo al cual se puede condenar al pago de alimentos (tema sensible en la práctica y esta reforma no modifica). Adicionalmente, creo que no se soluciona en forma clara el cómo se aplicarán estas medidas en el caso de las deudas antiguas y que se arrastran desde antes de la reforma, o como éstas se convertirán a UTM de deudas (procesalmente), etc.

 4. ¿Cuáles son los principales problemas que advierte en la implementación de la nueva legislación?

Estimo que los problemas podrían ir de la mano de temas prácticos. En definitiva, se establecen una serie de medidas, sin siempre señalar en forma clara cómo se ejecutarán, o de donde van a salir los dineros para cubrir los gastos que implica la puesta en marcha de esta ley (si bien se señala en la norma, es más bien de forma ambigua, como también sucede con las normas transitorias).

Otro tema a analizar, es cómo funcionará el pago de pensiones con los fondos de AFP del deudor, pues existe la posibilidad de que, si no se regula bien el tema, se propicien abusos y retiros excesivos manipulados por las partes, pero este es un tema que también debe verse conforme se desarrollen estas medidas en la práctica.

5. En los casos de aquellos padres que trabajan de manera informal, no se conoce su dirección, no tienen bienes a su nombre, ¿cree usted que a través de esta nueva ley se logrará el objetivo de que paguen las pensiones alimenticias que adeuden?

Sinceramente, en estos casos es más difícil la implementación de la norma, y si bien ante el no pago, estos deudores podrían ingresar al Registro Nacional de Deudores, o aplicarse el Procedimiento Especial (investigación por parte del Tribunal de los bienes del deudor), esto no garantizará el pago efectivo, por tanto, no se obtendría el objetivo. Desde este punto de vista, la ley no soluciona el punto de manera concreta, más si consideramos que hay deudores no bancarizados, o trabajadores independientes y fuera del sistema laboral formal, o que no cotizan, por lo que es un tema a analizar.

6. Se aprecia en la nueva ley un cambio de paradigma, ya que las medidas que autoriza no se centran en los apremios personales, sino más bien se dirigen en la búsqueda patrimonial que permita hacer efectivo el pago de las deudas de pensión de alimentos. ¿Cree usted que con ello se logrará que las personas tomen conciencia y se hagan cargo de sus responsabilidades paternas?

La efectividad de la norma y la relación de ello con tomar conciencia, son temas diferentes, ello porque la paternidad y la maternidad representan un compromiso mayor, y es difícil suponer que, a través de una ley, las personas tomen conciencia de sus obligaciones parentales, por tanto, creo que, si bien vamos a tener un avance en el en cumplimiento económico financiero, esto no tiene que ver con un tema valórico. En definitiva, no existe una medida suficiente para alguien que no quiere asumir sus obligaciones como padre o madre y tome conciencia de la importancia de este tema.

7. Antes de la nueva ley las madres tenían que asumir, en el hecho, el rol de investigadoras para encontrar bienes que permitieran el pago de esta clase de deudas. Ahora será el Estado quien asuma este rol. ¿Estima usted que esta ley es un buen comienzo para saldar una deuda histórica que existía como país en materia de igualdad de género?

Es imposible no reconocer que las que generalmente luchan por las pensiones de sus hijos en tribunales son mujeres, no obstante, creo que el enfoque de esta norma no debe ser la igualdad de género, si no la búsqueda del bien superior del niño y la protección de los derechos de nuestros menores. Las pensiones de alimentos jamás deben ser vistas como una medida para un género específico, recordemos que también hay padres que luchan por el pago de pensiones y si bien son menos los casos, existen, por lo que la invitación es a mirar la nueva ley como la búsqueda de avances en materia de protección a la infancia y no de lucha de género.

8. ¿Advierte que algunas de las normas de la nueva legislación pudieran estar afectas a un vicio de constitucionalidad, como algunos han sugerido?

Si, sobre todo en materia de protección de datos, límites a los derechos ciudadanos, derecho de propiedad entre otros, ello en post del bien superior de nuestros menores, puede traer como consecuencia hechos de discriminación y vulneración a las normas constitucionales. Creo que el impacto que provocarán las nuevas medidas, afectará también en lo laboral y lo social, pues el uso de la información y de datos sensibles de los deudores de pensiones alimenticias, podría verse altamente vulnerado para fines distintos al de lograr el cumplimiento del pago de pensiones.

Otro punto que amerita al menos una vuelta, es el hecho de que no contar con deudas alimenticias será una condicionante para ocupar algunos cargos de representación popular (gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal, ¿qué pasa con otros cargos como presidente, parlamentarios etc.?), es decir, la sanción es altísima socialmente, comparado incluso con aquellos que han cometido un delito privativo de libertad, por lo que será importante estar atentos a su aplicación en tribunales y a cómo funcionará en la práctica.

 

 

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