Por Ignacio Sánchez Samarin para Diario Constitucional

Daniel Trujillo Rivas, periodista de 48 años, que se desempeñó durante los últimos tres años como Director ejecutivo en la iniciativa «Aquí en Santiago de Bío-Bío TV», perteneciente a Radio Bío-Bío -cuyo propósito es visibilizar la transformación de la sociedad chilena a partir de la llegada masiva de inmigrantes latinoamericanos- es candidato Independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 8 de la Región de Metropolitana, conformado por las comunas de Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Maipú, Tiltil y Quilicura. Forma parte de la lista La Lista del Pueblo.

El Ciclo de entrevistas organizado por el Diario Constitucional y la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor de cara a las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo, tuvo como invitado al candidato a la Convención Constituyente, Daniel Trujillo Rivas, quien enfatizó que «… la nueva Constitución debe considerar una política de integración social latinoamericana colaborativa, por sobre una restrictiva y de control». Sus definiciones y propuestas en la siguiente conversación.

¿Cuál es una de sus principales visiones con respecto al proceso constituyente?

En la Lista del Pueblo analizamos este proceso constituyente como un ciclo político que se basa en la realidad cultural de un país que está en desarrollo. Nosotros somos una República con 200 años, es poco tiempo en general. Es un país joven. Entonces aquí las estructuras de poder no han cambiado desde la colonia. Han cambiado algunas instituciones, pero en general, lo que hemos visto es una sociedad diseñada en castas, en donde la oligarquía impone sus términos a la enorme y gran mayoría, y que tiene que vivir en condiciones de precariedad para garantizar la condición de privilegio de esa minoría. Eso ha sido así desde la Independencia. Y hemos visto distintos ciclos en donde esto hace crisis, rompe la institucionalidad y después vuelve con otro énfasis, pero sin resolver ese conflicto. Ha pasado en la revolución de la Independencia, pasó después en la guerra civil, pasó con los conflictos internacionales, pasó con la irrupción del pueblo en la política a principios del siglo pasado, del 1900 al 1920.

De tal forma se observa cómo cambia todo el desarrollo social y aparece un nuevo actor, que es el pueblo. De 1920 a 1938 otro ciclo político, pero son básicamente ajustes de un sistema que socialmente no está consolidado. ¿Qué es lo que no está consolidado? Una estructura social en que la élite gobierna y eso hizo otra crisis mayor el 73′. En ese momento comienza este ciclo político que termina con derogación de la Constitución del 80′. Entonces, ¿qué pensamos nosotros en la Lista del Pueblo?, este nuevo ciclo político es determinante porque encuentra a la sociedad chilena políticamente más madura.

Cuando nosotros decimos que «Chile despertó», queremos decir que ese enorme número de ciudadanos, el 80% de los ciudadanos que quiso cambiar la Constitución,  quiso buscar un mecanismo representativo social para que esa Constitución se escriba, demuestra que hay una madurez y demuestra que hoy día esta estructura de poder, esta institucionalidad que garantiza privilegios para algunos, no se sostiene más.

¿Qué tan cierto es que la redacción de una nueva Constitución será “de cero”?

Hay dos caminos para mirar esto. Por un lado, está el camino técnico, de cuáles son las condiciones técnicas que debería cumplir un texto constitucional. El articulado, los capítulos. Entonces, es inevitable mirar ese esquema legal. Ese esquema constitucional. Yo me imagino que la derecha defenderá ese esquema de la Constitución del 80′, porque establece un modelo de Estado que beneficia los privilegios, donde los derechos son negocios. No hay un Estado que garantice derechos, sino que garantiza la posibilidad de hacer negocios con esos derechos; el Estado subsidiario es eso.

Entonces, claramente acá habrá gente que lo defenderá y probablemente para ellos no corra la hoja en blanco, sino que corra un deseo por mejorar lo que ya hay. A pesar de que el mandato ciudadano sea otro, ellos van a tratar de imponerlo, por la vía del veto, por la vía de secuestrar las mayorías, por el camino obstruccionista que hemos visto que la derecha tiene siempre que no está en el poder. Para nosotros, la hoja en blanco significa no necesariamente el tener que revisar el articulado, porque quizá es necesario tener un mapa de navegación. Las grandes áreas de la Constitución, por ejemplo, la definición, las garantías constitucionales, las definiciones sobre institucionalidad y el poder; esos capítulos puede que se mantengan porque tienen un cierto orden lógico.

La gran discusión que tiene que ver con la hoja en blanco es sobre qué tipo de sociedad queremos, cuál es el propósito de la Constitución y, desde ahí, no tener límites. Ni siquiera los límites que se han impuesto en este acuerdo de la Ley 21.200, que llamaron «el acuerdo por la paz y la democracia», en donde se establecieron cosas que a nuestro juicio no tienen porque ser pie forzado. Por ejemplo, nadie nos obliga a no revisar los Tratados Internacionales. Que lo diga esa ley que convoca a la Convención Constituyente, no es la última palabra. La última palabra siempre la tiene la soberanía popular, porque además así está establecido en Tratados Internacionales. Entonces, no hay ninguna razón para que el plebiscito de salida no tenga la posibilidad de que la gente se pronuncie sobre estos temas.

Adicionalmente a las demandas históricas y que sin duda son centrales para la sociedad como pensiones, salud, educación, vivienda, entre otros, ¿qué elementos y temas deberían ser considerados en la elaboración de una constitución moderna?

Creo que hay otros elementos que tienen que ser considerados como derechos y hoy día no lo son, y una causa personal es la del derecho a la información. La crisis que ve el periodismo hoy día es porque el mercado y el Estado no promueven la libertad de información. Los medios independientes han sido perseguidos y criminalizados. La mayor cantidad de víctimas de detenciones ilegales, son puros cabros que andan reporteando. Y, los medios masivos, cuando se produjo el estallido, se reunieron en La Moneda y hubo un acuerdo para tratar los temas. Se amenazó con retirar los auspicios y eso pasa porque no existe a nivel constitucional una garantía al derecho a la información de la ciudadanía, de estar informada de la verdad. No hay un órgano rector que se preocupe de la pluralidad en los espacios en televisión abierta. Cómo es posible que en los matinales estén siempre los mismos políticos de panelistas. Nadie se preocupa a nivel de Estado de regular y decir que ese es un relato parcial de la realidad.

¿Está al debe la Constitución actual en materia migratoria?, ¿cómo avanzar a una política migratoria de integración, por sobre una de control?

O tenemos una política restrictiva y de control o tenemos una política colaborativa y de integración. Obviamente nosotros optamos por la segunda. La migración es un derecho humano, está consagrado así en todos los tratados internacionales. Un derecho humano protege la dignidad humana. No importa la nacionalidad, todos tienen los mismos derechos en todas las partes del mundo. Eso es reconocer los derechos humanos y la dignidad. Estamos en medio de un proceso que no es de migración temporal, esto es un proceso de integración de la sociedad latinoamericana. No es un proceso de migración, porque vienen a buscar trabajo y cuando las cosas mejoren en su país se van a ir. Es un proceso irreversible y la mirada bolivariana, que yo defiendo, dice «La unidad de nuestros pueblos, no es la quimera de los hombres, sino el decreto inexorable del destino» y agrega «…esa unidad se dará en Chile».

No en los demás países de Latinoamérica, porque Chile tiene las condiciones de estabilidad para construirlo. Por eso vinieron para acá. Este modelo de integración social que traspasa las fronteras está ocurriendo en todas partes del mundo; está siendo empujado por la crisis medioambiental y sus consecuencias alimentarias e hídricas. Entonces, ¿qué tendría que hacer Chile?, considerar eso y en su Constitución reenfocar su política internacional a la colaboración y no a la preservación de sus propios intereses, como ha sido hasta ahora.