Por Dra. Susana Horno, para Diario Constitucional (*)

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Doctor en Derecho Cum Laude de la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, durante el transcurso de su trayectoria laboral se ha especializado en materias constitucionales y derecho regulatorio, prestando asesorías en diversos proyectos de infraestructura, energía y recursos naturales.

Se ha desempeñado como docente en diversas universidades nacionales e internacionales y como Director del Laboratorio de Infraestructura y Comunicaciones de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es candidato a convencional constituyente en el distrito 15 por la Lista del Apruebo. En caso de obtener uno de los 5 cupos disponibles en dicha zona, representaría a las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, Machalí, Doñihue, Rengo, Graneros, Olivar, Mostazal, Requínoa, Malloa, Rancagua y Quinta de Tilcoco.

¿Qué es lo medular de su análisis con respecto al Proceso Constituyente que se está desarrollando en Chile?

La nueva Carta Fundamental representa la vía institucional para canalizar el desafío urgente e impostergable de formular una nuevo pacto social, económico y cultural para Chile. La desigualdad, la inequidad territorial, la ausencia de justicia social en multiplicidad de ámbitos dieron lugar a una de las crisis más profundas  de nuestra república. El proceso constituyente es la herramienta jurídica propia de la democracia que constituye un derecho y un deber implementar en nuestro país.

A su juicio, la redacción de una nueva Constitución ¿debiera hacerse a partir de cero?

Las Constituciones nunca parten de cero, pues recogen siempre los pilares socioculturales de la sociedad, los anhelos, el pasado común, nuestras raíces, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestra identidad.

Debemos robustecer aquello que hemos hecho bien, que nos une y que nos representa, como por ejemplo las libertades públicas, tras el retorno a la democracia. Y claramente debemos instaurar un nuevo régimen político, con un nuevo rol del Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y la función parlamentaria, con un proceso real de  descentralización, con un Gobierno regional con competencias y atribuciones, dotados de autonomía presupuestaria en diversos ámbitos que les son propios, así como un real poder económico, institucional y de gestión para los municipios, de manera que por ejemplo desarrollen con amplio y potente respaldo estatal  una “primera fila” en materia de salud primaria o educación. Además del apoyo al emprendimiento y el empleo en las comunas.

En cuanto al rol de los ciudadanos, ¿cómo se puede asegurar que estos se mantengan conectados con el Proceso Constituyente y de qué manera concibe usted el rol de la sociedad en él?

Los mecanismos de participación y fiscalización ciudadana deben sumarse a los clásicos de representación. Entre ellos, la iniciativa popular de ley, plebiscitos, referéndum, revocatoria de los cargos.

En entrevista concedida a un medio rancagüino (“El Tipógrafo”, 17-02-21), usted señaló que “Hay un vacío en la actual constitución que debemos y me comprometo a resolver dando mi voto en la comisión constituyente para establecer el derecho a la salud como una garantía fundamental». ¿Cómo fundamenta usted que el hecho de incluir este punto, en la nueva Carta Fundamental, tendría un impacto concreto en resolver los problemas que por décadas se vienen arrastrando en este sector, en nuestro país?

La actual Carta Fundamental, como sabemos, permite escoger un sistema de salud privado o bien utilizar el público existente, sin que este último sea un deber del Estado en cuanto a otorgar prestaciones gratuitas y de calidad. Consagrar el derecho a la salud oportuna, de calidad, sin costo (incluidos los medicamentos propios del tratamiento), significa instaurar un nuevo sistema de salud pública universal. Hoy, FONASA atiende casi el 80 por ciento de las personas y sus familias y recibe aproximadamente un aporte del 50 por ciento de gasto que realizamos. Es urgente instaurar la salud como derecho humano sin distinción de los ingresos que recibe cada persona y su familia; la experiencia del tratamiento en urgencias del COVID y el control de la pandemia constituyen un buen ejemplo de la dirección política social gratuita y no discriminatoria.

Declaró también, en la misma entrevista, ser partidario de “fortalecer los municipios en la Constitución; deben obtener más competencias y atribuciones”. ¿Cómo justifica que el tema esté en los primeros lugares de su lista de prioridades como eventual convencional constituyente?

Las prestaciones sociales, económicas y culturales, como la salud, la educación, el deporte, el apoyo al empleo y el emprendimiento deben considerar a los Municipios como el eje estructurante que vincula a las personas y las familias con el Estado y los apoyos que brinda. Los gobiernos locales tienen la mayor cercanía a los problemas y las formas de solución, a su vez deben institucionalizarse procesos activos y expeditos de participación ciudadana, que reflejen las prioridades y fiscalicen la gestión. Todo ello acompañado de un fuerte y sostenido incremento de los recursos económicos para contar con medios y personal.

Además de la salud y el fortalecimiento de la autonomía regional, ¿cuáles son los otros principales ejes de su candidatura?

He mencionado una nueva Constitución económica que conlleva consagrar los derechos económicos, sociales y culturales, como la salud, la educación de calidad en todos sus niveles, incluidos los centros de formación técnica y parvularia, jubilación digna, remuneración, vivienda adecuada (conforme a los tratados internacionales).

Adicionalmente a las demandas históricas y que sin duda son centrales para la sociedad, como pensiones, salud, educación, vivienda, fortalecimiento regional, ¿qué otros elementos y temas deberían ser considerados en la elaboración de una Constitución moderna?

Uno de los temas relevante es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y fortalecer la inclusión como garantía institucional.

(*) Facultad Humanidades – Escuela de Periodismo / Universidad Mayor.