Por Catalina Campos Fernández, Universidad de O’Higgins
La enseñanza del Derecho en regiones enfrenta múltiples desafíos que van más allá de la mera descentralización geográfica. Las particularidades territoriales, la adaptación a las demandas sociales locales y la necesidad de ofrecer una formación de excelencia, son aspectos clave que inciden en la formación de las y los futuros profesionales del área jurídica fuera de la capital. En este contexto, resulta fundamental reflexionar sobre las estrategias y proyecciones que universidades regionales, como la Universidad de O’Higgins (UOH), han adoptado para consolidar sus carreras de Derecho en un escenario que exige pertinencia, calidad académica y compromiso con las comunidades.
Para profundizar en estas temáticas, conversamos con Marcelo Acuña Bustos, abogado y actual jefe de carrera de Derecho en la Universidad de O’Higgins. El profesor Acuña es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, ciudad de la que es originario. Cuenta con estudios de Postítulo en Procedimientos Especiales Civiles, Responsabilidad Civil y Litigación en Juicios Orales. Además, es Diplomado en Derecho Administrativo General por la Universidad de Concepción y Magíster en Derecho con mención en Derecho Público por la Universidad de Chile.
Desde marzo de 2019 se ha desempeñado como docente en la UOH, incorporándose en septiembre de 2020 como docente adjunto en la Escuela de Ciencias Sociales. Previo a asumir su actual cargo de jefe de carrera, el profesor Acuña combinó la docencia con el ejercicio libre de la profesión, dedicándose principalmente a materias relacionadas con el Derecho de seguros, daños y responsabilidad civil extracontractual.
- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta una universidad de región con poca trayectoria en la formación de futuros abogados?
El desafío principal es doble: instalar un proyecto formativo sólido en un país que históricamente ha concentrado su quehacer jurídico en la capital, y al mismo tiempo ofrecer una propuesta pertinente, con sentido de territorio. En una región como O’Higgins, formar abogados no es solo enseñar Derecho, sino que darles un cariz territorial.
Este propósito tiene detrás resultados concretos y verificables pues entre 2018 y 2025, hemos triplicado la matrícula de primer año, señal clara de que las y los estudiantes confían en nuestro proyecto. Hoy contamos con una comunidad creciente, con tres cohortes egresadas, varios y varias licenciados/as y tres estudiantes tituladas.
- ¿Qué áreas del Derecho considera prioritarias para los estudiantes de una universidad regional como la nuestra, y cómo asegura una formación sólida en ellas considerando las particularidades locales?
Las áreas civil, penal, laboral, procesal y constitucional son clave para nuestro entorno. Estamos en una región con una intensa actividad agrícola y minera, con conflictos socioambientales emergentes, y con importantes desafíos en el acceso a derechos sociales.
Por eso formamos desde lo tradicional, pero con los ojos puestos en el territorio. Y lo hacemos con un cuerpo docente que combina la solidez académica con la experiencia práctica: jueces, defensores penales, jefaturas de servicios públicos y litigantes activos, que conocen desde dentro los desafíos del sistema de justicia. Nuestros estudiantes se relacionan con operadores jurídicos de primer nivel desde el comienzo de la carrera.
- ¿Cuál es la responsabilidad social de formar abogados frente a desafíos como el acceso limitado a la justicia o problemáticas sociales locales?
Formar abogados en una universidad estatal de región implica una responsabilidad ética con el entorno. El acceso a la justicia en zonas rurales, los problemas de comunicaciones, acceso a la tecnología, vivienda, trabajo, medio ambiente o violencia intrafamiliar no son temas teóricos: son parte de la vida cotidiana de nuestra comunidad.
Por eso contamos con una Clínica Jurídica con alta demanda y muy bien posicionada en la comuna de Rancagua, donde nuestros estudiantes, guiados por docentes especializados, entregan orientación jurídica real a personas que muchas veces no tendrían otra vía de acceso al sistema de justicia. Esa vinculación temprana con la comunidad no solo fortalece su formación, sino que les da sentido al Derecho como herramienta de transformación social.
- ¿Cómo ha manejado la universidad el desafío de integrar tecnologías, métodos pedagógicos innovadores o redes de contacto para experiencias jurídicas prácticas dentro y fuera de la región?
Sabemos que en innovación y tecnología aún tenemos camino por recorrer, pero lo estamos abordando con decisión. Nos encontramos en pleno proceso de rediseño de la malla curricular, en la cual se buscará incorporar herramientas digitales, métodos de enseñanza activos y vínculos institucionales que permitan ampliar las oportunidades formativas.
Lo que sí podemos afirmar es que nuestra flexibilidad como universidad joven nos permite hacer cambios profundos sin trabas. Además, nuestras excelentes relaciones con la Corte de Apelaciones, los tribunales de justicia y otros servicios nos han permitido generar instancias prácticas valiosas para nuestros estudiantes.
- ¿Cuáles son las fortalezas que han identificado en el modelo educativo de esta universidad para formar abogados que respondan tanto a las necesidades locales como a las exigencias del sistema judicial más centralizado del país?
Nuestro modelo formativo mantiene una base sólida en los pilares tradicionales del Derecho chileno —civil, penal, constitucional, procesal— pero se proyecta hacia los desafíos regionales. Esta apertura se verá reforzada con la aprobación de la nueva malla curricular, que incorporará contenidos y competencias ajustadas a las problemáticas del territorio, tales como derecho del medioambiente y recursos naturales.
Esa capacidad de formar tanto para lo nacional como para lo local es posible gracias a la experiencia de nuestros docentes, algunos provenientes de la academia y otros con extensa experiencia práctica, siendo esa articulación una de nuestras principales fortalezas.
- ¿Cree que una universidad de región, como la nuestra, puede tener un rol clave en la descentralización de nuestro país?
Para una universidad pública y regional esto es un deber. La descentralización no sólo es administrativa; también es cultural, económica y jurídica. Las universidades regionales tienen un rol insustituible en ese proceso, especialmente cuando forman profesionales con vocación pública y sentido de pertenencia territorial. Ahí está el verdadero corazón de una descentralización con contenido.
- ¿Qué iniciativas está impulsando la universidad para contribuir a una justicia más accesible y representativa de las realidades locales?
Nuestra Clínica Jurídica es, sin duda, una de las iniciativas más visibles y significativas. Se ha transformado en un espacio de orientación jurídica muy valorado por la comunidad de Rancagua, y en una instancia formativa potente para nuestros estudiantes.
Además, fomentamos la participación en actividades con tribunales, servicios públicos y organizaciones sociales. Nuestros vínculos con instituciones del sistema de justicia nos permiten abrir espacios de formación práctica que, al mismo tiempo, fortalecen el tejido social y jurídico de la región.
- A pesar de ser una universidad nueva, ¿cuáles son las fortalezas que han identificado en su modelo educativo para formar a abogados que respondan tanto a las necesidades locales como a las exigencias del sistema judicial más centralizado del país?
Nuestra mayor fortaleza es haber construido, y ahora consolidando, un proyecto formativo con identidad regional, pero enfocado a lo global y con visión de futuro. Somos una universidad nueva, pero ya tenemos tres abogadas tituladas, todas ellas desempeñándose en el área. Eso muestra que nuestro modelo está dando frutos. Y no solo en lo académico: nuestra matrícula ha ido en constante aumento desde 2018, lo que refleja una creciente y sostenida confianza en la formación jurídica que entregamos.
Quienes se matriculan aquí encuentran una carrera comprometida, exigente, conectada con la realidad, y guiada por un cuerpo docente que no solo enseña, sino que forma ciudadanos con espíritu crítico y conciencia ética. Formarse en Derecho en la UOH no es simplemente estudiar una carrera: es ser parte de un proyecto que busca transformar la justicia desde las regiones.