El abogado afirmó que: “Tampoco hay que olvidar que el Senado es una institución que coloca la mesura en el Congreso, dado que la Cámara es el órgano político, de manera que es necesario que una institución como ésta exista para que desempeñe el rol que le encomienda la propia Constitución”.

Igualmente, Palacios opina que debe robustecerse la autonomía e independencia, especialmente del Poder Judicial, la Fiscalía y la Contraloría General de la República. Para ello resulta necesario revisar la composición y procesos de designación de sus autoridades, minimizando posibles injerencias partidistas y asegurando la integración técnica – especializada.

La académica señala que «no significa que la justicia social haya tenido sólo históricamente una dimensión económica, que es lo que normalmente hemos entendido, sino sólo que nuestra manera de pensar la justicia social había estado recortada y pensada sólo en clave de un problema de injusticia económica».

Coronado, Magíster en Derecho Público y miembro del Instituto de Derecho Administrativo de Chile, manifiesta que, en materia de violaciones de Derechos Humanos, las últimas sentencias consideran una reparación integral no solo por perjuicios patrimoniales, sino que, además, por perjuicios extrapatrimoniales o morales, haciendo extensiva la responsabilidad incluso a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La ex presidenta y ex ministra del Tribunal Constitucional y actual profesora e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, manifiesta su preocupación respecto a que los jueces estén capacitados para «eliminar» estereotipos de género, lo que podría suponer que ellos entran a interferir en el ámbito competencial del legislador, aun cuando traten de servir el loable objetivo de hacer justicia en un caso concreto. En otras palabras, encuentra peligroso desde la perspectiva que abre para el activismo judicial.

El abogado opina que, nuestro sindicalismo está despolitizado en el sentido de carecer de poder incluso como contrapeso al capital. Si bien, en lo formal, los derechos colectivos están declarados nominalmente, en la práctica no logran influir en las decisiones políticas de mediano y largo plazo ni en los sectores productivos ni en la sociedad civil.

El abogado con Magíster en Derecho sostiene que: “Lo que correspondería hacer es una reforma legislativa que derechamente prohíba este tipo de ajustes unilaterales, porque evidentemente estamos frente a una insuficiencia del legislador y la responsabilidad se está traspasando a los Tribunales de Justicia, en circunstancias que es una materia sensible que debería ser resuelta por él».

El profesor menciona que en la actualidad el cierre de las centrales termoeléctricas como Bocamina II, en la ciudad de Coronel, es un suceso tremendamente importante y necesario. «Quizás vamos a tener algunos problemas de abastecimiento al comienzo debido a que los cambios no se hicieron de forma paulatina. Pero el proceso de transformación, sumado al hecho de contar con todos los mecanismos en nuestro país para poder llevarlo adelante, lo veo como una oportunidad y no como un problema. De hecho, se ajusta a la política energética de retiro del Carbón impulsada por el Ministerio de Energía durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Debemos considerar que el Estado tiene en la actualidad herramientas que antes no tenía para la protección del medio ambiente”.

Araya afirma que la reforma nos proporciona una nueva alternativa de retracto para aquellos casos en que compramos presencialmente, pero no tenemos acceso inmediato al producto y obliga al proveedor a informar los costos y tiempos de despacho.

El abogado afirma que el cambio que propone la Convención es sustancial y está dado, esencialmente, por quizá una de las consagraciones más importantes que han obtenido un lugar en el borrador de la nueva Constitución, la de Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho