El abogado comentó que “se estima como una evolución en materia legislativa el reconocimiento que nuestra Constitución hace de instituciones que son propias del Derecho del Trabajo”.

El abogado comentó que: “Creo que debiera agregarse como grado el presidio menor en su grado máximo, quedando con dos grados de pena divisible, así se ajusta mas a la realidad de la vida diaria y le permite al Juez mayor libertad para la justicia material’’.

El abogado comentó que: “Creo que su utilización como circunstancia agravante presenta beneficios deontológicos, pues podría ser aplicada a una mayor cantidad de figuras penales, delitos sexuales, tráfico de órganos, delitos patrimoniales, atentados a la libertad, atentados a la salud, etc. Se abre bastante la esfera de aplicación y se transforma en una norma agravante más pragmática’’

El abogado afirma que el proceso constitucional actualmente en curso nos presenta una oportunidad única para rediseñar la potestad constitucional tributaria, de modo tal que esta sea funcional a las necesidades del nuevo ciclo en el que nos adentramos como país. Esto implica regularla en forma íntegra, demarcando sus límites, pero también definiendo sus objetivos y principios.

La abogada comentó que “el pluralismo jurídico significa la coexistencia de varios sistemas normativos. Esto se traduce en que el Estado reconocerá a los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los cuales coexistirán en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia».

«Debería primar en la pirámide jerárquica de la Constitución, tanto el derecho internacional consuetudinario como los principios generales de derecho internacional, además del derecho convencional que implique cumplir lo comprometido, evitando conflictos que puedan afectar el honor del país en cuanto asume con buena fe sus compromisos internacionales», reflexiona la profesora Moure.

El abogado con Magister en Derecho Penal sostiene que el proyecto “no puede ampliarse a agentes del Estado, pues en esos casos la amnistía y otros límites estatutarios como la prescripción, están restringidos o derechamente prohibidos”.

El caso del río Silala ha sido uno de los más mediáticos últimamente, y es que, a pesar de que cumple con las reglas de un curso de agua internacional, Bolivia no lo ve de tal modo, ante esto Samuel Fernández menciona que el país vecino ha estado constantemente cambiando sus argumentos.

La abogada comentó que “la educación sexual integral debe desarrollarse a partir de un marco legislativo que permita establecer que los planes y programas del Ministerio de Educación contemplen módulos o asignaturas vinculadas a la educación sexual en todos los niveles de enseñanza obligatoria”.

Fernández afirma que en el caso de Chile, los hechos de violencia que han tenido lugar no parecen cumplir al menos con el requisito de la intensidad. «Si bien hay algunos antecedentes de armas de alto calibre y han existido enfrentamientos y víctimas, los mismos no alcanzan la intensidad que ha sido requerida en la práctica y la jurisprudencia internacional», explica.