Este libro entrega información esencial para poder entender el concepto de “veto presidencial”, sus orígenes, regulación e incidencia en el mundo político/jurídico. Lo anterior, con el propósito de acercar a la gente la concepción propiamente tal, la cual no deja de ser fundamental para el desarrollo de nuestro actual Presidencialismo.

Torres J. realiza un balance preliminar del trabajo de la Convención, señalando que todavía falta tiempo para arribar a conclusiones absolutas, destaca el trabajo realizado por la Comisión N°6 sobre Sistemas de Justicia, sin dejar de criticar sus inconsistencias, como la configuración de la Corte Constitucional muy similar al actual Tribunal Constitucional, tan vapuleado en el pasado. En definitiva, concluye que el proceso, sin calificarlo de positivo o negativo, indudablemente significa un aprendizaje y un desafío sin precedentes para el país.

El docente hace notar que ya existe una vasta normativa laboral en distintas leyes, así como en la actual constitución, y que respeto a la sindicalización, contamos con amplias facilidades e incentivos, pero que aún así es poco el interés a este respecto. El borrador muestra una serie de innovaciones, pero a la vez varios puntos que no se desarrollan con claridad.

Huneeus asegura que la combinación de un legislativo poderoso, con mayor autoridad en la Cámara de Diputados y Diputadas, y un “presidencialismo atenuado” (presidente débil) no favorecen la gobernabilidad. Si a esto añadimos la débil constitucionalización de los partidos, más de 20, que coexistirán con organizaciones políticas, aumentando la fragmentación partidista, se tendrá un legislativo inoperante, sin que el presidente esté en condiciones de darle dinamismo al proceso legislativo.

El derecho de propiedad no es absoluto y está sujeto al cumplimiento de su función social. De ahí que es posible que un Estado pueda, en ejercicio de su soberanía, implementar leyes que permitan privar total o parcialmente a un particular de su dominio. Pero es indispensable, para justificar su legitimidad, que tal actuación sea recurrible ante jueces independientes, y que se enmarque en la protección del interés público y beneficio social. 

En relación a la sustitución del Senado por la Cámara de las Regiones, el académico señala que: “Las atribuciones exclusivas que hoy competen a cada cámara, dada su naturaleza, son difíciles de materializar si recaen en un mismo cuerpo colegiado, y un segundo fundamento es porque en el Senado, pudiendo reelegirse sólo una vez y ejerciendo el cargo en un periodo más prolongado de 8 años, cuenta con la posibilidad de aislar de mejor manera los efectos electorales de sus decisiones, permitiéndoles asignarle un mayor protagonismo el aspecto técnico de cada moción o mensaje en discusión».

El abogado, académico y coordinador del Centro de Educación Ciudadana de la USS sostiene que «n el intertanto entre la posible aprobación de una nueva Constitución y la entrada en vigencia de la ley que regule la organización y atribuciones de los tribunales contencioso administrativos, es clave que mediante una disposición transitoria se señale que mientras no se creen los tribunales contencioso administrativos los tribunales con competencia común deberán seguir conociendo de las controversias jurídicas que se susciten entre particulares y el Estado, y así no dejar en una situación de indefensión al ciudadano respecto al Estado como aconteció entre 1925 y 1989″.

El abogado afirma que la ley es relativamente eficaz y es un primer paso importante para regular este tipo de delitos, aún falta que se regulen más delitos que los contemplados actualmente. Asimismo, relativo a las penas de los delitos respecto a menores de edad deben ser estas penas de crimen, o al menos, penas mayores.

El abogado afirmó que: “Tampoco hay que olvidar que el Senado es una institución que coloca la mesura en el Congreso, dado que la Cámara es el órgano político, de manera que es necesario que una institución como ésta exista para que desempeñe el rol que le encomienda la propia Constitución”.

Igualmente, Palacios opina que debe robustecerse la autonomía e independencia, especialmente del Poder Judicial, la Fiscalía y la Contraloría General de la República. Para ello resulta necesario revisar la composición y procesos de designación de sus autoridades, minimizando posibles injerencias partidistas y asegurando la integración técnica – especializada.