Ángel Valencia Vásquez, quien asumió como Fiscal Nacional del Ministerio Público el 12 de enero del presente año, afirma que necesitamos una nueva ley antiterrorista que aborde sin complejos el combate al terrorismo, y que la propuesta del Gobierno recogió muchos planteamientos de los que hicieron. «También se requieren reformas legales en materia procesal penal para mejorar las herramientas para la efectiva investigación y persecución penal de la delincuencia económica», asegura.

El académico afirma que desde un punto de vista procesal está teniendo un impacto tremendamente profundo. El uso de sistemas de IA se puede ver como una herramienta para aumentar la efectividad de los sistemas de persecución penal, tanto en el nivel de la investigación como en el de juzgamiento. Esto es algo que ya existe y se han desarrollado proyectos pilotos a lo largo del mundo, en los cuales se implementan sistemas algorítmicos en distintas etapas de un proceso penal. Esto se puede ver en cada una de la etapas de la persecución penal. Incluso en la etapa preventiva.

El abogado Esteban Schafer afirma que en atención a que los subarrendatarios tienen ciertos derechos que pueden ser insertos dentro del procedimiento, uno de los derechos que tienen los subarrendatarios es poder pagar al arrendador primitivo los cánones de arriendo o la renta impagada ante la dictación de la sentencia. Además, los subarrendatarios pueden también enervar la acción de término de contrato de arrendamiento e incluso a ser reembolsados de los pagos que hayan realizados incluso al subarrendador además de demandar acciones de indemnización de perjuicio.

En entrevista, el diputado, integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, abordó la evaluación del actual sistema de pensiones, asegurando que ha funcionado, pero se debe regular, apretar y poner más reglas. Asimismo, profundizó en detalles de la reforma previsional, posición ante esta misma y su decisión de bajarse de la mesa técnica.

Por Rodrigo Valdés Roa

Actualmente, el anteproyecto de nueva Constitución impone un mínimo de 5% de votos a nivel nacional para que un partido político pueda ingresar al Congreso Nacional, el llamado “umbral del 5%”. Mientras tanto, el diputado Jaime Mulet (FRVS) propone un proyecto de ley que le permitiría a los partidos federarse por todo el periodo presidencial.

Por Rodrigo Valdés Roa

Torres afirma que las opiniones de la gente deben incidir, pues si se deja de lado la idea de participar, sólo se le estaría dando una sobrerrepresentación a los sectores que marcan tendencia y ahí sí se perdería verdaderamente representatividad.

El abogado señala que “el migrar es un hecho natural, y el que éste se verifique cumpliendo o no con requisitos formales, o en abierto conflicto con la ley (criminalidad transnacional o trata de personas, por ejemplo) son situaciones puntuales que no deben llevar a la generalización ni menos a la criminalización de la migración».

Javier Arévalo Cunich, abogado y profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, asegura que no existe un acuerdo nacional destinado a establecer una política nacional de seguridad que fije objetivos, roles institucionales e instrumentos que subsistan en el tiempo de manera coherente.

Rafaela Retamal, bióloga, nos comenta sus reflexiones en torno al tema. Si bien reconoce el valor de la propuesta legal, señala que: “Pondría hincapié en la coordinación interinstitucional, que quede de manifiesto la búsqueda de aquellos instrumentos legales, financieros, etc., que apoyen la implementación de estas prácticas y que además apoyen con financiamiento a la comunidad y su posterior seguimiento».

Claudio Nash, abogado y profesor entregó sus impresiones sobre la discusión en torno al proyecto, advirtiendo que: “a mayores límites para la migración regular, no se termina con la migración, sino que lo que se hace es ampliar aún más las formas asociadas a la criminalidad vinculadas con este fenómeno.”