Muñoz afirma que»cursar legislativamente procedencias de expulsión utilizando como fundamento la situación carcelaria es un error. La correlación empírica exige un análisis no sólo valorativo sino disciplinar que permite, entonces, entender que el caos actual en el Centro Penitenciario Santiago 1 es una cuestión radicalmente diferente a la política migratoria que debe adoptar un país.».

Medina afirma que «esta mentalidad más asociada a la idea de una cierta compasión con el delincuente y a una inversión pública ad hoc para que esa persona pueda reinsertarse eficazmente a la sociedad, más bien a virado hacia una idea del delincuente como un enemigo que debe ser controlado, que incluso debe sufrir un castigo muy brutal, ejemplarizante que no está asociado necesariamente a la reinserción».

Este libro expone como el principio de buena fe ha ido desplazando en importancia la autonomía de la voluntad en el Derecho nacional, al igual como ha ocurrido en Derecho comparado.

La abogada afirma que el problema que enfrentábamos al eliminarse la exigencia de que el acto u omisión sea “arbitrario o ilegal”, es que podíamos llegar al absurdo de interponer la acción de tutela, reclamando la afectación de un derecho, sin que la conducta haya sido realizada con inobservancia a ley.

El abogado afirma que si bien estas nuevas formas de trabajo pueden generar nuevas necesidades laborales, y por ende, disminuir el desempleo; estas están supeditadas al acceso de nuevas tecnologías, lo que está directamente relacionado con la edad, educación y situación económica.

Godoy afirma que se debe tomar en consideración la capacidad que tienen los infantes de percibir ciertos fenómenos, para que al momento de testificar en un juicio oral estos narren de la forma más clara posible sus experiencias en un tribunal; pero que si se cuenta con alguna prueba alternativa, se prefiera indudablemente ésta.

Valdés explica que el diseño original de Naciones Unidas estuvo vinculado a evitar conflictos internacionales, mantener la paz y la seguridad en el ámbito internacional, en un escenario en el que prácticamente todos los países fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial.

Arroyo afirma que el régimen político que debiese tener nuestro país es de tipo semi presidencialista, en equilibrio con el poder que tiene el Congreso o bien un Presidencialismo atenuado entregándole más facultades a la función legislativa.

Vergara afirma que gran parte de la regulación es creada en base a numerosas resoluciones internas, exentas del trámite de toma de razón que ejerce la Contraloría General de la República. «Regular la actividad penitenciaria por un simple decreto no se aviene a los estándares que impone el Estado de derecho», asegura.

La abogada del Departamento de Educación de la Municipalidad de Coronel asegura que esta forma de administrar justicia ha resultado tremendamente lesiva para los funcionarios públicos, que muchas veces después de laborar por años en servicios como municipios u otros organismos de la administración centralizada del Estado, en calidad de honorarios o contrata, frente al cambio de gobiernos o de autoridades políticas son desvinculados, lo que convierte al Estado en el mayor vulnerador de los derechos de sus propios trabajadores.