Garay afirma que «el Poder Judicial chileno es una reserva incuestionable de buenas prácticas, de respeto por el debido proceso. Siempre habrá gente que quedará disconforme con alguna resolución, porque el aparataje judicial no puede ajustarse a los deseos y pretensiones de cada litigante. Es el derecho, debidamente aplicado, el que viene a zanjar las controversias; es la única herramienta idónea para arribar a soluciones pacíficas, justas y serias».

La especialista señala las personas que van a pasar al Registro Nacional de Deudores son aquellas que deben tres cuotas seguidas de los alimentos o cinco discontinuas. Cuando el tribunal de familia se da cuenta de esto emite una resolución. Esta se les notifica a las partes involucradas por medio de una carta a la dirección de contacto que aparezca en el sistema o al domicilio. Desde la recepción, el deudor tendrá tres días para oponerse. Si no se opone o no paga va a pasar directamente a ser deudor de alimentos y a formar parte del registro.

Respecto a la necesidad de su implementación, Zárate sostiene que la modificación se “’cuelga’ de aquellas materias que ya están reguladas» además de cuestionar el enfoque de esta, ya que señala que «se toma como un tema tan técnico como la regulación telefónica”, lo que no se condice con el objetivo del proyecto.

Ríos afirma que lo que tiene que hacer la comisión es el mejor proyecto posible de manera de pensar en qué va a pensar la ciudadanía acerca del proyecto que se le está proponiendo, ósea hacerlo lo más perfecto, lo mejor posible para que sea aprobado, pero en todo caso, estar sujeto a revisión me parece una cosa conveniente, porque nunca las cosas por muy buenas que sean resultan perfectas y hay veces que conviene revisarlas.

Gandolfi afirma que: “El impacto en las empresas será importante, pues no solo deberán ampliar el catálogo de los manuales de prevención de delitos al tener que incluir las nuevas figuras delictivas informáticas que introduce esta ley».

Mirosevic explica las principales labores de la Contraloría en materia de acoso laboral, la relevancia de tener un ambiente laboral sano y los principales problemas a los que se ven enfrentados.

Muñoz afirma que»cursar legislativamente procedencias de expulsión utilizando como fundamento la situación carcelaria es un error. La correlación empírica exige un análisis no sólo valorativo sino disciplinar que permite, entonces, entender que el caos actual en el Centro Penitenciario Santiago 1 es una cuestión radicalmente diferente a la política migratoria que debe adoptar un país.».

Medina afirma que «esta mentalidad más asociada a la idea de una cierta compasión con el delincuente y a una inversión pública ad hoc para que esa persona pueda reinsertarse eficazmente a la sociedad, más bien a virado hacia una idea del delincuente como un enemigo que debe ser controlado, que incluso debe sufrir un castigo muy brutal, ejemplarizante que no está asociado necesariamente a la reinserción».

Este libro expone como el principio de buena fe ha ido desplazando en importancia la autonomía de la voluntad en el Derecho nacional, al igual como ha ocurrido en Derecho comparado.

La abogada afirma que el problema que enfrentábamos al eliminarse la exigencia de que el acto u omisión sea “arbitrario o ilegal”, es que podíamos llegar al absurdo de interponer la acción de tutela, reclamando la afectación de un derecho, sin que la conducta haya sido realizada con inobservancia a ley.