En una reciente entrevista realizada por Aylinne Martínez para Diario Constitucional se da a conocer información relevante sobre discapacidad y nueva Constitución.

Actualmente Chile se encuentra en el proceso de elaboración de una nueva Constitución a través de un Congreso Constituyente para luego tener una confirmación en un plebiscito. El objetivo es satisfacer las demandas más importantes del movimiento social manifestado desde el año 2019.

En la actualidad hay un sector muy grande de la sociedad que la mayoría de las veces no ha sido considerado en temas políticos y sociales, estas son las personas en situación de discapacidad.

Cabe destacar que la Comisión de Constitución del Senado garantizó un 5% de personas en situación de discapacidad para las candidaturas de esta nueva Constitución.

Conforme con el II Estudio Nacional de la Discapacidad (2015), el 16,7% de la población de 2 y más años se encuentra en situación de discapacidad, es decir, 2.836.818 personas, siendo un grupo que constituye un porcentaje significativo y relevador de la población chilena.

Es por esta razón que es importante saber cómo se involucrará en el proceso a las personas en situación de discapacidad y qué rol tendrán para que Chile sea realmente participativo, inclusivo y democrático.

 1. ¿Considera a Chile como un país inclusivo, igualitario y no discriminatorio?

Considero que Chile a avanzado bastante en materia de inclusión de personas en situación de discapacidad desde el año 2010 a la fecha, probablemente el año 2020 sea uno de los años en el que se han promulgado más normativas en beneficio de las personas en situación de discapacidad y se han discutido más normas en el parlamento entorno a este mismo tema. Sin embargo, hay muchos aspectos por los cuales todavía se debe avanzar, por ejemplo, en el establecimiento de un sistema único de educación que sea inclusivo, es decir, no que se separe entre educación regular y especial.

Por otro lado, poder hacer realidad lo que la ley chilena N° 20.422 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla respecto de aquellos o aquellas que están en una situación de especial vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres en situación de discapacidad.

Actualmente en Chile no existe ninguna norma ni ningún resguardo específico, por ejemplo, para defender o proteger de actos de violencia a mujeres en situación de discapacidad a pesar de que hay un mandato en ambos cuerpos legales entorno a este tema.

2. ¿Considera que las personas en situación de discapacidad antes de este nuevo proyecto constitucional tenían derechos claramente establecidos y respetados?

Desde el año 2008, Chile ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, donde hay un catálogo extenso de derecho por los cuales el Estado chileno debe hacerse cargo.

Esa convención da origen a una modificación en una ley que data del año 1994 modificándose completamente, y en el año 2010 nace la ley N° 20.422. Esa normativa también consagra derechos fundamentales para las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, esta normativa fue un “saludo a la bandera”, porque no se le puso suficientes recursos y muchos artículos de esta ley no tienen reglamentos. Por lo tanto, se hacen difícilmente aplicables y siempre ha existido un debate acerca de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la relación a que si el Estado chileno tiene que cumplir específicamente o en su totalidad cada uno de sus puntos, eso es también porque falta por parte del Poder Judicial hacer mayores análisis, generar mayores conocimientos y mejores prácticas en materia de defensa de los derechos de las personas en situación de discapacidad.

3. ¿ En qué áreas son recurrentes las vulneraciones de derechos en la vida cotidiana de las personas en situación de discapacidad y con qué actos se manifiesta? (Ej: educación, salud, entre otros) ¿Conoce algún caso específico que le haya llamado la atención?

Las principales dificultades que enfrentan las personas en situación de discapacidad están en el acceso a la salud, a la educación y a la igualdad de oportunidades. Entorno a lo primero, a pesar de que el año pasado hubo un fallo de la Corte Suprema que determinó que el Síndrome de Down no era una enfermedad, debiéndose considerar como una condición y las ISAPRES tienen que otorgar cobertura sin discriminación, todavía existen muchas brechas de acceso a la rehabilitación y al acceso médico para las personas en situación de discapacidad.

Bastante se habla de que la Teletón brinda un servicio importante de rehabilitación. Sin embargo, la Teletón atiende a 15.000 niños que tienen dificultades físicas, pero que tienen posibilidades de mejorarse, esto significa, que si no eres niño la Teletón no te va a recibir y si no tienes posibilidades de mejorarte, por ejemplo, al estar en un estado vegetativo persistente o si tienes alguna patología que no va a generar una mejora, la consecuencia será que la Teletón no te atenderá.

El servicio público tiene horas copadas y tiene muchas prestaciones que no están cubiertas por la garantía GES y en el sector privado las consultas son bastante caras, esto es algo importante que se debe solucionar.

En el acceso a una educación inclusiva, hoy en día existen programas de integración escolar, a veces hay uno o dos niños por curso que tienen discapacidad, pero eso no es suficiente, ya que el sistema educativo tiene que cambiar en su conjunto para que existan igualdad de oportunidades y una educación inclusiva de calidad para las personas en situación de discapacidad.

Respecto al acceso al trabajo, ciertamente hay normativas que obligan a la contratación del 1% de personas en situación de discapacidad,  pero ni siquiera el sector público lo cumple. El sector público no es un ejemplo, tiene la facultad de fiscalizar y multar al privado por no cumplir las normas que ellos claramente también incumplen, por lo tanto es otro punto que se debe solucionar.

En cuanto al tema de la autonomía de las personas en situación de discapacidad, hace falta un debate para mejorar el sistema de capacidad jurídica entorno a las personas con discapacidad mental de causa psíquica o intelectual, puesto que hoy en día se generan muchas interdicciones que podrían no ser tales si es que la persona pudiera acceder a mayores apoyos. Las interdicciones (ya mencionadas) se hacen para proteger a las personas en la administración de su patrimonio y en la toma de decisiones que finalmente las terminan perjudicando, porque su curador muchas veces abusa de las facultades que tiene. Existen muchas personas en situación de discapacidad que pudiendo administrar sus bienes no lo hacen, porque están declarados interdictos y como consecuencia, son maltratados psicológicamente. Respecto a lo anterior, varias personas en situación de discapacidad terminan viviendo, por ejemplo, en el último rincón de una casa que es de ellos, mientras que el curador vive con las mejores comodidades en la propiedad que ellos simplemente administran y no son propietarios.

4. ¿Qué tan relevante es que asistan personas en situación de discapacidad a la creación de una nueva Constitución? ¿Tendría la misma efectividad que personas sin situación discapacidad los pueden representar de igual forma?

Es muy importante que las personas en situación de discapacidad asistan a la creación de la nueva Constitución.

Primeramente, es un hecho histórico, ya que nunca se habían realizado reservas en las listas para personas con discapacidad.

Es un hito importante de relevar que sin lugar a duda va a generar que esta nueva Constitución tenga mayores elementos de inclusión al tener una perspectiva de un grupo que ha sido excluido y que tiene mucho que aportar.

5. ¿Las personas en situación de discapacidad son activas políticamente, tienen algún representante o partido que vele por sus intereses?

No existe un partido político que represente a las personas en situación de discapacidad, generalmente estas son representadas por organizaciones de la sociedad civil, es decir, fundaciones, corporaciones, asociaciones de y para personas en situación de discapacidad.

Un representante a nivel nacional no existe oficialmente, hay personas que constantemente son consultadas por el Gobierno de turno o por los medios de comunicación que representan a organizaciones de la sociedad civil y son parte de elaboraciones de políticas públicas y/o entrevistas. Estas personas tienen un cierto conocimiento técnico que sirve para mostrar la realidad de las personas en situación de discapacidad, aunque actualmente no existe un representante oficial, puesto que las organizaciones de sociedad civil están atomizadas a lo largo de Chile cada una con sus intereses y sus definiciones particulares lo que dificulta un trabajo en conjunto.

6. ¿Qué derechos fundamentalmente cree que se deben establecer en la nueva Constitución para las personas en situación de discapacidad?

Siempre he creído que la Constitución no debe tener derechos específicos para las personas en situación de discapacidad, es importante que exista un reconocimiento en la Constitución, es decir, que se nombre a estas personas como sujetos de derecho, pero que existan derechos específicos que a mi no me parece.

Yo creo que hay que tomar cada uno de los puntos importantes que debe tener la Constitución y se debe analizar cómo cada uno de estos derechos se hace cargo en las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, si vamos a poner en la nueva Constitución el derecho a una educación, no pongamos simplemente el derecho a la educación, se tiene que poner el derecho a una educación inclusiva, donde personas con y sin discapacidad tengan igualdad en el acceso y en el aprendizaje al sistema educativo nacional. Es así la forma en que deberían ir analizando cada uno de los puntos y dar una visión transversal de la discapacidad incorporando este tema en cada uno de los artículos que sea necesario.