Entrevista

Imagen: Chillanonline.
Rodrigo Palomo Vélez.
Opinión.

Rodrigo Palomo Vélez, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca: “Hemos asumido el desafío de contextualizar la enseñanza del Derecho en contextos de crisis, es decir, conectar directa y explícitamente el impacto de la pandemia en todas las disciplinas jurídicas».

“La actual Constitución ha sido piedra de tope para diversas reformas laborales. Ya no podemos seguir esperando la verdadera transición laboral que no hemos tenido desde el retorno a la democracia política.”

26 de marzo de 2021

En una entrevista realizada a Rodrigo Palomo Vélez, Decano y Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, por Carlos Clemente, investigador de Diario Constitucional, damos a conocer su opinión respecto a los desafíos que han tenido que enfrentar las facultades de derecho para continuar sus labores durante la pandemia; sobre la influencia que tendrá el proceso constituyente en el trabajo académico y en la enseñanza del derecho; sobre los temas que se deben discutir dentro de la Convención Constitucional y sobre como afecta en general al panorama del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social la discusión de una nueva Carta Fundamental.

1. Durante la pandemia las universidades del país han debido recurrir a los medios telemáticos para seguir funcionando, ¿cuáles han sido los desafíos al enseñar el Derecho en pandemia?, ¿qué medidas han adoptado como casa universitaria para asegurar la calidad de la enseñanza?

Nuestros principales desafíos han sido dos. Por una parte, intentar dar respuestas eficaces y oportunas a los estudiantes que enfrentan problemas serios de conectividad y/o condiciones precarias para continuar sus estudios. Ello ha exigido redoblar esfuerzos de apoyo institucional, desde la perspectiva económica y también de flexibilidad académica. Por otro lado, hemos asumido el desafío de contextualizar la enseñanza del Derecho en contextos de crisis, es decir, conectar directa y explícitamente el impacto de la pandemia en todas las disciplinas jurídicas.

Para asegurar la calidad de la enseñanza hemos adoptado diversas medidas, tanto desde el nivel central de la Universidad como en la propia Facultad. Como indicaba, hemos tenido que flexibilizar ciertas exigencias académicas, resguardando las competencias esenciales que deben alcanzar las y los estudiantes. Asimismo, hemos adaptado nuestras prácticas con instructivos de docencia y evaluaciones remotas. También hemos intensificado la oferta de capacitaciones para docentes y estudiantes, de modo de lograr una mejor implementación de la formación online.

 2. 2021 es el año en donde se va a comenzar la discusión en torno a la redacción de la nueva Constitución, ¿cómo influye la discusión de la nueva Carta Fundamental en el trabajo académico y en la enseñanza del Derecho?

El proceso constituyente sin duda ha acaparado y seguirá acaparando nuestra atención, en todas las dimensiones del quehacer académico: docencia de pre y postgrado, investigación, extensión y vinculación con el medio. Somos conscientes del momento histórico que vive el país, y asumimos la responsabilidad de contribuir en el debate constitucional, en razón de nuestro compromiso como universidad estatal.

En materia de enseñanza del Derecho, lo central es ratificar que lo relevante son los sistemas jurídicos, más allá de las normas concretas que estén vigentes en un momento dado. La comprensión holística del fenómeno jurídico es la que permite enfrentar con rigor el estudio de los cambios institucionales de tanta envergadura como los que empezamos a vivir.

3. En su opinión, ¿qué temas deberían discutirse a fondo en la Convención Constitucional?, ¿qué ideas le gustaría que quedaran plasmadas en la nueva Carta Fundamental? 

Me parece que la Convención Constitucional tiene como desafío central debatir la verdadera transición de nuestro país hacia una democracia más robusta. Por tanto, creo que los debates más importantes tendrán que ver con la forma de Estado, la distribución del poder entre los poderes públicos y los espacios de participación de la ciudadanía, y el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de las personas.

De entre las diversas perspectivas de comprensión constitucional, adhiero en lo personal a la idea de una Constitución de mínimos robustos y que sean claros faros para el desarrollo normativo de todo el ordenamiento jurídico. Espero que avancemos hacia un Estado Social y Democrático de Derecho, por lo que la revisión y nuevo reconocimiento de derechos sociales será crucial.

 4. Como especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ¿cómo afecta al Derecho Laboral chileno la discusión de una nueva Carta Fundamental?

La Constitución es una fuente de primer orden en el Derecho del Trabajo chileno. Primero, porque es fuente en si misma, al reconocer y garantizar los derechos fundamentales laborales, tanto específicos como inespecíficos. Segundo, porque determina los alcances y ordena otras fuentes; por ejemplo, los espacios para la ley y la autonomía colectiva.

Hemos visto como la actual Constitución ha sido piedra de tope para diversas reformas laborales. Ya no podemos seguir esperando la verdadera transición laboral que no hemos tenido desde el retorno a la democracia política, tal como ha ocurrido en otros países que también han salido de dictaduras y han modificado sustancialmente las bases sobre las que se construyen sus sistemas laborales.

 5. Como especialista en derecho sindical, ¿es necesario realizar cambios estructurales al derecho fundamental a la negociación colectiva en la discusión de la nueva Constitución o debe mantenerse la estructura que contempla actualmente? 

Los problemas de la libertad sindical son los más profundos que plantea el actual reconocimiento de derechos fundamentales del trabajo en la Constitución vigente. La actual Constitución es excesivamente restrictiva de los derechos colectivos de los trabajadores, tanto por lo que dice como por lo que no dice.

Es necesario, entonces, generar una nueva arquitectura constitucional que permita equilibrar las fuerzas que determinan la realidad de las relaciones laborales, reequilibrar las fuerzas negociadoras. Para ello, es indispensable dotar a los sujetos laborales colectivos de autonomía colectiva, y correlativamente terminar con la heteronomía extrema que hoy nos rige.

En concreto, esperaría un amplio reconocimiento de la autonomía colectiva o sindical, como expresión calificada de los trabajadores; el reconocimiento de la negociación colectiva en sus distintos niveles, lo que permitiría reconstruir todo el sistema negocial; y el reconocimiento efectivo del derecho de huelga.

 6. En sede de tutela de derechos se ha discutido durante años la aplicación de principios y normas del derecho del trabajo en conflictos jurídicos de funcionarios de la Administración, ¿cree usted que la discusión de una nueva Constitución definirá en parte esta discutida delimitación o es un tema que se debe definir a través del desarrollo jurisprudencial?

Creo que la nueva Constitución debe relevar el valor del trabajo como esencial en el desarrollo de una sociedad más justa y democrática. En esa perspectiva, sin duda debe disminuirse la fragmentación normativa en la regulación de las distintas formas de trabajo, avanzando hacia el reconocimiento de derechos laborales mínimos y transversales.

A partir de dicho valor esencial, considero que el ajuste normativo debe operar a nivel legislativo y jurisprudencial.

 7. Uno de los temas más discutidos a nivel legislativo han sido las reformas constitucionales que permiten el retiro de fondos previsionales, ¿cómo evalúa la implementación de dichas medidas?, ¿es plausible pensar en otras medidas previsionales para enfrentar los problemas económicos que ha causado la pandemia en la población? 

La pandemia ha evidenciado con máxima crudeza la enorme fragilidad de nuestros sistemas laboral y de seguridad social, reafirmando la necesidad de reformularlos a partir del proceso constituyente en curso.

En tal perspectiva, urge una reforma al sistema previsional, que se erija como verdadero sistema de seguridad social. En el intertanto, creo que la necesidad imperiosa de recursos de las personas ha dado cancha a una mala combinación: el aprovechamiento de un sector político para forzar el cambio de modelo mediante medidas populistas, como los retiros del 10%, y, por el otro lado, la negación del rol que el Estado debió asumir para enfrentar la crisis económica, sin la sobrecarga en las espaldas de los trabajadores y cotizantes del sistema.

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