Primeros años y juventud

Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande, nació en la localidad de Ramales de la Victoria, provincia de Santander, un 27 de abril de 1923 y cursó sus estudios de Leyes en universidades tanto de Barcelona, como de Madrid, obteniendo tanto su Licenciatura como Doctorado con los máximos laudos académicos. De una familia de notarios, desde muy pequeño estuvo cerca del mundo jurídico.

Intelectual y humanista íntegro, profundo conocedor de la literatura clásica y contemporánea, amante de la poesía y bibliófilo; fue gran admirador y estudioso de la obra literaria de Jorge Luis Borges, escritor argentino sobre el cual publicó el libro Fervor de Borges en 1999; asimismo, fue cofundador y primer vicepresidente de la Sociedad mundial de Amigos de Jorge Luis Borges y de la Fundación Internacional Can Mossenya, siendo por lo demás su bufete de abogados quien se encargó de los trámites legales relativos a la creación de ambas organizaciones. En esa misma línea, fundó con cuatro amigos el grupo “El Pentágono”, con el objeto de comentar y compartir lecturas, un simil del «Club de los Poetas Muertos» que relata la película de culto.

En paralelo, como amante montañista que fue, escaló cuando joven los Picos de Europa y recorrió los Alpes suizos en sus vacaciones. A las montañas dedicó páginas emocionantes: las disputas sobre las alturas de los picos cántabros y astures (La humillación de los altivos) y el elogio al gran montañero inglés Mallory, son las que más destacan.

Cargos y distinciones

En 1947 fue nombrado letrado del Consejo de Estado y posteriormente obtuvo las cátedras de derecho administrativo en la Universidad de Valladolid [1957] y en la Universidad Complutense de Madrid [1962], en la cual fue también Jefe de Departamento.

Su temprana relación con el Consejo de Estado –tenía 24 años cuando ingresó–, le haría entrar de lleno en el campo del Derecho administrativo de la mano de los más acreditados profesores franceses e italianos.

En ese sentido, en 1950 creó la Revista Española de Administración Pública, de la cual fue también Director y desde 1947 de la Revista Española de Derecho Administrativo. Adicionalmente, cabe mencionar que fue accionista de la Editorial Civitas, relevante en la publicación de materias jurídicas.

En el ámbito internacional, integró el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, siendo el primer juez español en formar parte de dicho tribunal, entre 1978 y 1986. Asimismo, presidió la Féderation international pour le Detroit Européen, Presidente fundador de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo y miembro de la Academia Council del European Law Research Center de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.

El Parlamento Europeo le nombró experto para la redacción del Proyecto de Constitución Europea en 1992, y luego, en 1995 se le designó miembro del Comité de Sabios para la formulación de una política de derechos cívicos y sociales de la Unión Europea.

En otro carril, formó parte de la Real Académica Española de Jurisprudencia y Legislación desde 1970, y desde 1994 de la Real Academia Española de la Lengua, siendo su discurso muy recordado como se verá.

Su gran labor en sus diferentes cargos y aportes al Derecho le significaron el otorgamiento de diferentes distinciones, entre las cuales es posible señalar Doctorados Honoris causa en diversas universidades en Europa y Latinoamérica, el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1984, el Premio Alexis de Tocquecille del Instituto Europeo de Administración Pública de Maastrich y la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, entregada por el Ministerio de Justicia de España.

Paralelamente, recibió reconocimientos en Grecia e Italia. Así, el 9 de septiembre de 2000, el European Group of Public Law, de Spetses (Grecia), del que era miembro fundador, le dedicó un sentido homenaje y en 2004, fue nombrado socio extranjero de la prestigiosa «Academia Nazionale del Lincei», en Italia.

Obra académica

Su imponente producción bibliográfica consta de diversos libros, monografías y artículos científicos, inspirados en su inquebrantable fe en la ley y en los jueces como garantía de libertad personal, la cual le valió ser considerado, según palabras del Comité Científico de la Universidad de Florencia, un punto de referencia cultural, en particular, para los juristas europeos, de las viejas y de las nuevas generaciones.

Entre sus títulos, destacan, entre otros, Curso de Derecho Administrativo, en dos volúmenes junto a Tomás Ramón Fernández, con el cual se han formado diversas de juristas en España y el mundo: Revolución Francesa y administración contemporánea; Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial, por solo nombrar algunos.

Como se adelantaba, un hito muy destacado de su carrera fue el discurso de ingreso a la Real Academia Española –en acto presidido por el Rey don Juan Carlos I, que le tenía un gran afecto–, titulado “La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa”, recordado hasta el presente. Se trata de una investigación de gran calado con la que se adentra magistralmente en la historia de las instituciones y de los grandes conceptos jurídicos.

A modo de resumen, de su aporte a la ciencia del Derecho, destacan tres contribuciones: al Derecho Administrativo, a la teoría del método jurídico y a la teoría de la democracia.

En primer lugar, siguiendo a Kelsen sobre la democracia, apoya todo el desarrollo del control de las potestades discrecionales de la Administración, precisamente en su coherencia con ese valor fundamental de la convivencia que es la democracia, repitiendo una y otra vez esa máxima según la cual el Derecho Administrativo todo no es sino el control de la discrecionalidad, coincidiendo dicho objetivo con el de la democracia, esto es, evitar la existencia de poderes desbocados, sin riendas en medio de la vida social, todas ideas que posteriormente plasma en su libro Democracia, jueces y control de la Administración.

En segundo término, los principios generales del Derecho fueron objeto de un premonitorio trabajo suyo en 1961, publicados después como Reflexiones sobre la Ley y los principios generales del Derecho. Así, no cabe dudas que la discusión contemporánea de la Filosofía y Teoría del Derecho sobre reglas y principios no se inauguró con las ideas que Dworkin lanzó en 1967, sino con los juristas del “Derecho continental”, como es el caso de Eduardo García de Enterría.

En tercer término, el control judicial fue siempre objeto de todo su interés y desarrollos sustanciosos, en especial, una de sus últimas publicaciones ilustra este pensamiento la obra: Las transformaciones de la justicia administrativa: de excepción singular a plenitud jurisdiccional. ¿Un cambio de paradigma?

Fue, con cierto grado de consenso, el gran renovador del Derecho público español y dan prueba de ello su influencia en aspectos sustanciales de la Constitución, su decidido liderazgo en el nacimiento de la que se llamó, con honor y justeza, la “Escuela democrática del Derecho Administrativo español”, su rol en el renacimiento de los estudios jurídicos en la Universidad Complutense y la creación de la Revista de Administración Pública, verdadera enciclopedia del Derecho Administrativo moderno, entre muchas otras. Con sus escritos se formaron varias generaciones de juristas españoles, hispanoamericanos y, en especial, chilenos.

En un reciente homenaje al maestro, se le ha calificado como “el más grande jurista de Derecho público y Administrativo de lengua hispana de la segunda mitad del siglo XX”, en palabras del profesor Alejandro Vergara en el libro “Eduardo García de Enterría in memoriam”.

Falleció a los 90 años de edad en la ciudad de Madrid el 16 de septiembre de 2013, siendo sus restos posteriormente trasladados a Potes, lugar de su infancia y residencia familiar. Hoy en día, su obra sigue siendo objeto de un interés e impacto sin precedentes en la tradición jurídica hispanoamericana.