Fue una jurista española que dedicó su vida a acabar las discriminaciones contra la mujer que suponía la regulación civil y comercial, especialmente en términos de capacidad jurídica y la posición de la mujer en el matrimonio.

Es considerada una de las mujeres más destacadas del siglo XX gracias a su labor en la defensa de los Derechos de la Mujer, cuya máxima consagración logró a través de las reformas al Código Civil y al Código de Comercio españoles.

Familia y estudios

Nació en 1915, en una familia con conocimiento jurídico al ser hija de un notario. Comienza sus estudios en 1932 a los dieciséis años preparada por su padre, en la Universidad de Salamanca. Impulsada por sentimientos de frustración, injusticia y humillación generados por el estudio del Código Civil español soñaba con terminar su carrera, pero el estallido de la Guerra Civil retrasa esto hasta 1940 en donde pudo obtener su licenciatura en la Universidad de Zaragoza.

Como señala en su obra «Mi lucha por la Igualdad Jurídica de la Mujer» (2009):

«Después del ingreso en la universidad mi vida ya no fue la misma. Al conocer tan directamente la situación jurídica de la mujer dentro del Código Civil, me sentí tan humillada , tan injustamente tratada , tan vilipendiada, tan nada, que ninguna explicación ni histórica, ni jurídica, ni religiosa, ni humana podían convencerme de que yo exageraba».

Aportes y carrera

A pesar de que la dictadura prohibió a las mujeres opositar a notarías, se convirtió en la primera mujer en acceder al Cuerpo Técnico de Administración Civil del Ministerio de Agricultura, en 1944, donde también fue víctima de discriminaciones machistas que la imposibilitaban de ejercer su labor. En sus memorias, en tal sentido recuerda:

«No me daban trabajo. El jefe de departamento me daba informes con la idea de que los pasara a máquina. Y yo le decía: ‘Si necesita una secretaria pídala, yo no soy una mecanógrafa».

Luego del fallecimiento de su esposo en 1952 se dio de alta en el Colegio de Abogados de Madrid, para ejercer la abogacía en las áreas de Derecho de Familia y Sucesiones, comenzando toda su andadura por los Derechos de la Mujer.

La lucha de María Telo por eliminar las discriminaciones jurídicas que impedían el tratamiento igualitario de la mujer en la legislación fue posible dado que tal tema ya estaba siendo discutido masivamente gracias a la reforma de 66 artículos del Código Civil español el 24 de abril de 1958, impulsada por la abogada Mercedes Formica, y la ley del 22 de abril de 1961 sobre «Derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer.

En tal contexto, María Telo, afiliada a la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas (FIMCJ) organizó en 1969 el Consejo Anual a celebrarse por tal organización en Madrid, siendo patrocinada por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. En tal ocasión, expuso bajo el título «La mujer en el Derecho Civil», y fue tal la repercusión que produjo en la sociedad española, que crea la Comisión de Estudios dependiente de la FIMCJ, integrada por nueve mujeres abogadas cuyo objetivo era estudiar las conclusiones del Consejo Anual celebrado y reivindicarlas ante las autoridades, a fin de erradicar las discriminaciones vigentes en la legislación franquista.

La Comisión de Estudios debió transformarse, pues resultaba paradójico que una institución extranjera reivindicara la modificación de la legislación española. De tal modo, se crea en 1971 la Asociación Española de Mujeres Juristas (AEMJ) siendo su presidenta María Telo Núñez. Los estatutos de la AEMJ especificaban como fines de la organización el estudio del derecho, especialmente aquel que afectara directamente a la mujer o la familia, así como promover la adecuación de las normas legales a la época actual y la promoción de la mujer en sus profesiones, especialmente las jurídicas.

El 18 de marzo de 1972, María Telo dirige un escrito al entonces Ministro de Justicia español, Antonio María Oriol y Urquijo, donde además de notificarle sobre la creación de la AEMJ, le solicita la incorporación de mujeres juristas a la Comisión General de Codificación (CGC), máximo órgano consultivo del Ministerio de Justicia. Así, el 23 de diciembre de 1972 el Presidente de tal órgano, Antonio Hernández Gil, notificaba oficialmente a María Telo su nombramiento como miembro de la «Sección Especial» de la CGC.

La Sección Especial de la CGC

Creada por orden del Ministro de Justicia, la denominada «Sección Especial» tuvo como misión el estudio de las incidencias que los cambios sociales produjeron en el Derecho de Familia, así como la formulación de las correspondientes propuestas para adecuarlo. Ella estuvo compuesta por quince vocales permanentes, un oficial letrado y cuatro vocales agregados. De la conformación destaca la incorporación de otras tres mujeres juristas: Carmen Salinas Alfonso, Concepción Sierra Ordóñez y Belén Landáburu.

Los trabajos de la Sección se distribuyeron en subsecciones dedicadas al estudio de la capacidad jurídica de las mujeres en el ámbito civil y comercial, de filiación, y de derecho matrimonial.

Ante la lentitud del trabajo de la Sección Especial y la orientación de ellos, María Telo y sus compañeras de la AEMJ dirigieron un proyecto de reforma parcial del Código Civil al Ministerio de Justicia, el 25 de septiembre de 1973. Tal proyecto se fundaba principalmente en la eliminación de la licencia marital, el establecimiento de una reserva de bienes en favor de la esposa dentro del régimen de gananciales y la validez de las capitulaciones matrimoniales. La propuesta recibió como respuesta la solicitud de desarrollar más los puntos, el 18 de diciembre de 1973.

En 1974 la Sección Especial avanza discutiendo el Anteproyecto realizado por Luis Díez-Picazo, aprobándose y luego siendo enviado al Pleno de la CGC, donde fue defendido por su redactor el 29 de mayo del mismo año. En su defensa, Díez-Picazo explica los tres ejes centrales del Anteproyecto: 1) Lograr que el matrimonio no produzca de la nacionalidad española de la mujer, salvo que ella opte voluntariamente por la del marido; 2) Revisar el régimen de la licencia marital, tendiendo a su eliminación; y 3) Admitir la variación mediante pacto del régimen económico matrimonial. En aquella misma instancia intervino María Telo, defendiendo la necesidad de una profunda reforma al derecho de familia.

El Anteproyecto fue rechazado por el Pleno de la CGC, quien consideró más adecuado y menos riesgoso proceder con una reforma parcial de normas del Código Civil en los temas relacionados a licencia marital, nacionalidad, capitulaciones matrimoniales, mientras que en el Código de Comercio aquellos referidos a la licencia marital.

El 5 de agosto de 1974 el Presidente de la CGC entrega al Ministro de Justicia español un texto de proyecto de ley, siendo aquel aprobado por el Consejo de Ministros  y Cortes de Justicia, publicándose el 2 de mayo de 1975. Con ello, se mejora sustancialmente la situación jurídica de la mujer española, pues se le devuelve su capacidad plena de obrar al eliminar la obediencia al marido, la licencia marital y todas las discriminaciones por razón de género a excepción de dos: 1) la patria potestad conjunta y 2) la administración conjunta de los bienes gananciales. Ambas instituciones fueron objeto de la ley sobre «Filiación, patria potestad y régimen económico matrimonial» del 13 de mayo de 1981 y posterior ley sobre «Clases de matrimonio, separación, nulidad y divorcio» del 7 de julio de 1981, ambas en las cuales María Telo Núñez tuvo un rol esencial. Muere en 2014.

Premios y reconocimientos:

Cruz Distinguida de 1.ª Clase de San Raimundo de Peñafort. Ministerio de Justicia (1976).

Medalla al Mérito de la Dra. Pérez Perozo, fundadora de la Federación Venezolana de Abogadas (FEVA) (1978).

Premio Rosa Manzano de Mujer y Socialismo (1992).

Premio Clara Campoamor, concedido por el Ayuntamiento de Madrid (2006).

Doctora Honoris Causa por la Universidad de Salamanca (2007).

Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, en Consejo de Ministros (2007).

Premio Scévola, en el Colegio de Abogados de Madrid (2011).