El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de primer grado que ordenó a la empresa pagar $300.000 por concepto daño emergente, y $5.000.000 por daño moral a la parte demandante.
El Tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución exenta, dictada por el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que rechazó el proyecto presentado por la empresa DayaCann SpA, por falta de fundamento.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal del banco recurrido al no adoptar las medidas de detección y resguardo que evitaran el fraude.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar y estableció que en la especie, la recurrida atentó contra los derechos fundamentales a la honra y a la vida privada, al hacer una clara alusión a la orientación sexual de quien recurre, en términos ofensivos.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar deducida, tras descartar ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida.
El requirente alega que se le sanciona dos veces por el mismo hecho, lo que infringe los principios de non bis in ídem y de proporcionalidad.
Reglamento interno de la recurrida no regula los cortes de cabello de sus voluntarios, por lo que, en la especie, la sanción fue desproporcionada y contraria a la igualdad ante la ley.
Excedió el límite tolerable del derecho a la libertad de expresión, el cual no puede ejercerse abusivamente.
Se solicitó al Estado abstenerse de ejecutar la pena y que garantice condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales, con especial consideración a las discapacidades y condición médica del beneficiario.
Precepto que admite únicamente el recurso de apelación como medio de impugnación de la sentencia definitiva es contrario a lo dispuesto en el artículo 19, N° 2 y N° 3, de la Constitución.
