Por unanimidad, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Santiago y acogió un recurso de protección deducido por la sociedad VICTORMEDIA SpA en contra de la Municipalidad de Santiago por el cobro del derecho de aseo de una oficina virtual.
En el escrito se señala haber recurrido de acción de protección en contra de la Municipalidad de Santiago por el acto consistente en el cobro del derecho de aseo en circunstancias que posee una oficina virtual, y la empresa externalizó servicios, a través de otra empresa que tiene el mismo domicilio que la recurrente y que, le provee servicios de domicilio comercial, tributario y de recepción de cartas.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 22, 21 y 24.
La Corte de Santiago indicó en su sentencia en síntesis que, trató pues, de puntos de vistas discrepantes sobre la materia y que, necesariamente, inciden en un supuesto de hecho, como lo es el determinar si efectivamente se ejerció por el recurrente una actividad física en el inmueble que diere lugar al pago del derecho de aseo, o si es procedente dar a la norma de la referida ley el alcance que ellos pretenden. Una y otra situación, ponen de manifiesto la existencia de una controversia, la que por cierto no puede ser resuelta por la presente vía constitucional, que, como es sabido, tiene por propósito disponer las medias tendientes a corregir la vulneración de un derecho constitucional indubitado, lo que no se advirtió en la especie. Razones por las que se rechazó el recurso de protección.
Sin embargo, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que, además de aparecer alejado al cumplimiento del Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, de 1979, la conducta de la recurrida se mostró también carente de fundamento suficiente. Si el pago por derechos de aseo respondió a la circunstancia real y material consistente en la necesidad de disponer de los desechos domiciliarios, y existió un usuario claramente identificable que mantiene el uso y goce de un lugar, no resultó explicable la pretensión de extender el cobro de los mismos a todos los usuarios de servicios prestados por este último. Se sumó a lo anterior la inexistencia de antecedentes en orden a si la recurrente habría de pagar una misma tarifa de aseo, igual a la del tenedor o poseedor del lugar, o distinta de éste pero igual a la de otros eventuales usuarios del servicio, o distinta para todos ellos; y los motivos que justificarían tales distinciones, si las hubiere. Razones por las que se acogió el recurso de protección.
Vea textos íntegros de las sentencias de la Corte Suprema Rol N° 29858-2019 y de la Corte de Santiago Rol N° 72780-2019.
RELACIONADO