La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su profunda preocupación por la iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional actualmente en debate en la Asamblea Nacional de El Salvador, cuyo efecto principal sería propiciar la impunidad respecto de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.
De acuerdo a la Comisión, según información disponible, las disposiciones de dicha iniciativa de ley concederían “amnistía amplia, absoluta e incondicional” a favor de personas que hayan participado en la comisión de "delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos”.
Entre otros, el anteproyecto concedería gracia a todas las personas condenadas por delitos en estas condiciones. El texto establece excepciones a estas disposiciones de amnistía, incluyendo para “crímenes de guerra y de lesa humanidad”, pero establece un plazo máximo para someter estos hechos a la justicia, de 180 días a partir de la vigencia de la propuesta ley.
A continuación, la CIDH señala que el Estado de El Salvador contó con una ley de esta naturaleza tras el conflicto armado interno. En la década de los 90’, la Comisión Interamericana determinó que esa Ley de Amnistía era incompatible con las obligaciones internacionales del Estado salvadoreño porque constituía un obstáculo en la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares.
En 2016 dicha ley fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de ese país debido a que “la extensión objetiva y subjetiva de la amnistía es contraria al derecho de protección de los derechos fundamentales, porque impide el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a dichos derechos”, decisión que fue destacada públicamente por la CIDH.
En reiteradas oportunidades, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que las disposiciones de amnistía amplia, absoluta e incondicional, consagran la impunidad en casos de graves violaciones de los derechos humanos, pues imposibilitan una investigación efectiva de las violaciones de los derechos humanos y el procesamiento y sanción de los responsables.
La Comisión ha afirmado que los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persiguen, entre ellas el concepto de la humanidad como víctima y su función de garantía de no repetición de atentados contra la democracia y de atrocidades inolvidables.
Al respecto, la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora para El Salvador afirmó: “son inadmisibles las disposiciones que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables por graves violaciones de derechos humanos”.
“El Estado no debe aprobar normativa que facilite la impunidad para hechos de esta gravedad”, agregó.
Por su parte, la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia enfatizó que “las disposiciones de este anteproyecto constituyen un grave retroceso en materia de memoria, verdad y justicia, en particular en lo referente a amnistías para graves violaciones a los derechos humanos”. “Crear obstáculos a la justicia impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente” señaló.
La CIDH solicita al Estado de El Salvador a abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza y a seguir avanzando en la investigación de estos graves crímenes, en la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones pertinentes.

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