Amnistía advierte que existe un riesgo inminente de enfrentamientos violentos en la región de la Amazonía brasileña a menos que el gobierno proteja las tierras ancestrales de los pueblos indígenas frente a las crecientes confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales por parte de intrusos armados.
El organismo visitó recientemente tres territorios indígenas diferentes en el norte de Brasil en los que intrusos ilegales habían comenzado o aumentado los esfuerzos por confiscar tierras y/o talar árboles. Los líderes indígenas dijeron a la organización que habían recibido amenazas de muerte por defender sus tierras ancestrales. También temen nuevas intrusiones durante la estación seca (de mayo/junio a octubre/noviembre), cuando el acceso a la selva es más sencillo y facilita la tala y la quema.
“Los pueblos indígenas de Brasil y sus tierras se enfrentan a enormes amenazas, y la situación pronto se volverá insostenible en la estación seca”, manifestó Richard Pearshouse, asesor general de Amnistía Internacional sobre crisis y medio ambiente.
“El gobierno debe proteger a los pueblos indígenas que defienden sus tierras, o habrá un derramamiento de sangre”, añadió.
En abril de 2019, Amnistía Internacional entrevistó a 23 indígenas en tres territorios del norte de Brasil: los territorios karipuna y uru-eu-wau-wau en el estado de Rondônia, y el territorio arara en el estado de Pará. El organismo también entrevistó a 13 personas con conocimientos sobre las intrusiones en territorios indígenas, entre ellas autoridades gubernamentales, fiscales y representantes de organizaciones no gubernamentales.
De acuerdo a Amnistía, según los representantes de organizaciones no gubernamentales y las autoridades, los intrusos a menudo son personas de la zona que se ven alentadas y respaldadas por agricultores locales y políticos para ocupar parcelas de tierra y/o vender la madera.
Comentan que los pueblos indígenas de algunos territorios realizan patrullas para vigilar y proteger sus tierras frente a estas intrusiones. Puesto que los intrusos suelen estar armados, existe un alto riesgo de enfrentamientos violentos con pueblos indígenas.
En los tres territorios visitados, los líderes indígenas han denunciado reiteradamente a las autoridades gubernamentales confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales realizadas recientemente. Sin embargo, la respuesta de las autoridades gubernamentales ha sido limitada, y las confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales han continuado.
Una incursión realizada en enero de 2019 por unos 40 intrusos ilegales en el territorio uru-eu-wau-wau dio lugar, unos días después, a una operación de vigilancia gubernamental en la zona en la que se detuvo a una persona que más tarde fue puesta en libertad. En abril de 2019 se produjo una intrusión mucho mayor en el territorio uru-eu-wau-wau, en la que se calcula que participaron muchos centenares de intrusos ilegales. El gobierno llevó a cabo una operación de vigilancia que dio lugar a la detención de dos personas una semana después de la intrusión de abril.

Disparos en plena noche

Los pueblos indígenas de los tres territorios dijeron a Amnistía Internacional que los intrusos ilegales habían abierto recientemente nuevos caminos en la selva cerca de sus poblados y carreteras. En algunos territorios también contaron que con frecuencia oían ruidos de tractores y motosierras en el interior de los territorios.
Una mujer uru-eu-wau-wau de 22 años describió cómo se había sentido en los días posteriores a la intrusión de enero de 2019:
“Cuando me enteré de la invasión, me asusté, porque está muy cerca del poblado. Nunca había visto una tan cerca. Tenía miedo de que vinieran aquí. No podía dormir. Durante varias noches, se oyeron disparos en plena noche. Estaba asustada. Acostaba a los niños, pero no podía dormir”.
El equipo de investigación de Amnistía Internacional observó rastros de carreteras y caminos utilizados por intrusos cerca de los territorios indígenas, y vio fotos y vídeos de señales que delineaban parcelas y caminos, y un tractor que transportaba madera.
Un líder karipuna habló a Amnistía Internacional del miedo de que la situación se intensificara hasta llegar a enfrentamientos violentos en la estación seca:
“[Los intrusos ilegales] dejaron un mensaje en el que decían que [los líderes indígenas] no debíamos transitar por sus caminos, o desapareceríamos […] Si el gobierno no protege el territorio, puede haber una tragedia entre intrusos e indígenas. Durante la estación seca, las intrusiones aumentarán aún más porque las autoridades no han tomado ninguna medida”.
La respuesta del gobierno a estas confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales sigue siendo inadecuada. La vigilancia de los territorios indígenas depende en gran medida de la coordinación entre distintos órganos gubernamentales. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Brasil, carece de poderes policialesy depende del apoyo de otras instituciones, como el Instituto Brasileño de Recursos Renovables y del Medioambiente (IBAMA) y la Policía Federal. Los expertos dijeron a Amnistía Internacional que las operaciones de vigilancia se habían reducido en los últimos meses a causa de las limitaciones presupuestarias.
Los pueblos indígenas expresaron a Amnistía Internacional su frustración por el reducido número de intrusos que rinden cuentas, mientras que los expertos subrayaron la necesidad de investigar a quienes apoyan y financian las confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales.
Entre enero y abril de 2019, la oficina del Ministerio Público Federal envió al menos cuatro cartas al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos —este último, responsable de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI)desde enero de 2019— describiendo el deterioro de la situación de seguridad en los territorios karipuna y uru-eu-wau-wau y advirtiendo del riesgo de conflicto. La oficina solicitó el apoyo inmediato de la Fuerza de Seguridad Nacional mientras las autoridades trazaban un plan de protección a largo plazo para los territorios.
Según, Amnistía hasta el momento, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos no se han coordinado con la Fuerza de Seguridad Nacional para proteger los territorios karipuna y uru-eu-wau-wau, y el plan de protección a largo plazo sigue sin elaborarse.
“A menos que la FUNAI y las demás autoridades incrementen la lucha contra las confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales, hay una probabilidad enorme de que se produzcan enfrentamientos violentos entre pueblos indígenas e intrusos”,  manifestó que Richard Pearshouse.
Añadió que “el gobierno debe afirmar sin demora su compromiso de proteger los territorios indígenas y garantizar que se respetan”.

Aumento de la deforestación en los territorios indígenas

Luego, Amnistía comenta que las confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales normalmente son menos habituales en la estación de lluvias (de octubre/noviembre a mayo/junio) que en la estación seca (de mayo/junio a octubre/noviembre). La ONG Imazon ha denunciado la pérdida de 110 kilómetros cuadrados de selva en el interior de los territorios indígenas de la Amazonía durante los tres primeros meses del año. Esto representa un aumento del 82% respecto al mismo periodo de 2018.
Los estudios señalan que, cuando las tierras ancestrales de los pueblos indígenas son selva primaria, la demarcación de los territorios indígenas puede proteger frente a la deforestación. La conservación de la selva primaria es fundamental en la lucha contra el cambio climático porque, cuando la selva y los bosques son talados o quemados, el carbono almacenado se libera a la atmósfera en forma principalmente de dióxido de carbono.
“La protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas es fundamental para evitar que continúe la deforestación de la Amazonía. La comunidad internacional debe vigilar atentamente y apoyar a las comunidades indígenas que están en primera línea de la lucha para proteger la selva más preciada del mundo”, manifesó Richard Pearshouse.

INFORMACIÓN ADICIONAL Y TESTIMONIOS

Además de los tres territorios investigados por Amnistía Internacional, en Brasil hay otros territorios indígenas que también sufren una creciente presión de intrusos ilegales. En febrero de 2019, la organización no gubernamental Repórter Brasil informó de la existencia de al menos 14 territorios indígenas demarcados que habían sufrido invasiones o intrusiones recientes de intrusos ilegales.
Asimismo, el organismo da cuenta que los territorios indígenas están protegidos por las leyes de Brasil y por el derecho internacional de los derechos humanos. La Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la tierra, su uso y sus recursos naturales. Las confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales en el interior de territorios indígenas constituyen delito en virtud de la legislación federal. Brasil ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, que garantiza a los pueblos indígenas el derecho a una consulta libre, previa e informada respecto a los proyectos que afecten a sus tierras y sus derechos.

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