En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los Estados a reconocer y proteger sus derechos humanos y a garantizarles una vida libre violencia.
Para ello, la Comisión insta a los Estados de la región a reconocer la situación de las mujeres y niñas en zonas rurales, a abordar sus necesidades específicas y a tomar las medidas necesarias para erradicar decisivamente la violencia y la discriminación que continúan enfrenando.
La Comisión observa que a nivel mundial y con pocas excepciones las mujeres rurales encuentran mayores desafíos para el pleno goce de sus derechos, en comparación con los hombres rurales y con las mujeres y hombres urbanos.
En las Américas, la pobreza y la exclusión les afectan de manera desproporcionada. A su vez, las mujeres rurales enfrentan a una discriminación sistemática en el acceso a la tierra y a los recursos naturales. Asimismo, ellas soportan la mayor parte de la carga de trabajo no remunerado en los hogares, debido a roles estereotipados asignados a su género, y aún cuando tienen un empleo formal, desempeñan con mayor frecuencia trabajos inseguros, peligrosos, mal remunerados y no siempre cubiertos por garantías sociales. Su acceso a agua, a educación y a servicios de salud es también limitado, a la vez que persisten barreras para su acceso a servicios bancarios, administrativos y de documentación civil.
En el ámbito internacional, se ha abordado progresivamente la situación de las mujeres rurales como una forma de dar visibilidad a sus necesidades y a su diversidad. En nuestra región, esta diversidad se expresa por las actividades que desarrollan: son mujeres agricultoras, recolectoras, pescadoras, o desarrollan sus actividades en el medio rural.
“Las mujeres rurales también tienen interrelaciones culturales y territoriales que las definen como tales y muchas de ellas son también mujeres indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, sus derechos y sus necesidades no han sido aún plenamente atendidas por los Estados de la región y aun cuando existen leyes o políticas que tienen en cuenta su situación, a menudo no se aplican” afirmó la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH.
En materia de violencia y discriminación con las mujeres y niñas, la Comisión advierte que corren riesgos adicionales de ser víctimas de violencia a causa de la persistencia de actitudes discriminatorias subordinándolas a los hombres, sumada a los desafíos que enfrentan para acceder efectivamente a la justicia, y a la impunidad y tolerancia social que caracterizan estos actos. Las mujeres y niñas corren un riesgo especial de sufrir actos de violencia, de explotación, trata y acoso cuando dejan sus comunidades para buscar trabajo en las ciudades. Además, en situaciones de conflicto, las mujeres de zonas rurales se ven particularmente afectadas por desplazamientos forzados y por actos de violencia basados en su género, incluyendo asesinatos y violencia sexual.
“En nuestra región, la justicia resulta en gran medida inaccesible para las mujeres rurales cuando se combinan prácticas y marcos jurídicos discriminatorios con falta de información, con escasez geográfica de instancias de atención y con ausencia de servicios apropiados cultural y lingüísticamente,” observó la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH. “El acceso a la justicia, así como a servicios básicos de educación, salud, agua y a aquellos servicios para ejercer plenamente su ciudadanía han de serles garantizados siguiendo criterios de integralidad y proximidad, con perspectiva de género y de forma intercultural,” concluyó la Comisionada Macaulay.
La Comisión hace un llamado a los Estados de la región a reconocer la situación de las mujeres en zonas rurales y a abordar sus necesidades específicas para garantizarles el pleno goce de sus derechos. Para ello, los Estados han de tomar las medidas necesarias en los ámbitos legislativo, normativo, institucional y presupuestario, tanto a nivel local como a nivel nacional, para atender las dificultades de acceso a servicios básicos que ellas enfrentan, contribuir a su empoderamiento político y económico, y para erradicar decisivamente la violencia y la discriminación en su contra.

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